En esa clínica privada fue sometido a un procedimiento quirúrgico de 12 horas para tratar una obstrucción intestinal, tejido que se forma entre los órganos después de las cirugías.

Bolsonaro fue internado tras sentir un fuerte dolor mientras cumplía el 12 de abril una agenda política en el interior del estado de Rio Grande do Norte.

El político ultraderechista había pasado por cinco operaciones desde que fue apuñalado durante la campaña de electoral de 2018 y las complicaciones actuales se originaron a partir de ese episodio.

Hospitalizado para acompañamiento postoperatorio, Bolsonaro se encontraba «estable, sin fiebre ni dolor», con la presión arterial controlada, indicó el último boletín médico.

El equipo de galenos destacó la «buena aceptación de la dieta blanda», que permitió suspender la nutrición parenteral (intravenosa), es decir, directamente al torrente sanguíneo, y avanzar hacia la alimentación oral.

La progresión de la dieta se considera un hito importante en el proceso de recuperación.

Además, el exmandatario continuaba recibiendo fisioterapia motora intensiva diaria y medidas preventivas contra la trombosis venosa.

El estado clínico del excapitán del Ejército empeoró el 24 de abril, tras recibir en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a un agente judicial que lo citó en el marco de la acción penal que investiga el intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.

Tuvo aumento de presión arterial y empeoramiento de sus exámenes, pero en la siguiente jornada le hicieron una tomografía y se descartó la necesidad de otra cirugía.

Pese al consejo médico de no recibir visitas, el exgobernante (2019-2022) estuvo con aliados (el timonel del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto y el pastor Silas Malafaia) en la UCI.

La Fiscalía General denunció en febrero a Bolsonaro y otras 33 personas por los crímenes de organización criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro del patrimonio declarado. En total, las penas superan los 30 años de cárcel.

Según la denuncia del fiscal general Paulo Gonet, la planificación y ejecución del intento de golpe se inició a mediados de 2021, con ataques deliberados a las urnas electrónicas y al sistema electivo, y culminó el 8 de enero de 2023, cuando adeptos del expresidente invadieron y saquearon las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Con la querella recibida, los acusados pasan a responder penalmente por las acciones en el Tribunal Superior de Justicia.

oda/ocs