Fuentes policiales informaron a la radioemisora RPP que los cadáveres, en su mayoría de personas dedicadas a tareas de seguridad privada, fueron hallados en un socavón, desnudos, maniatados, con los ojos vendados y con un disparo en el cuello, nueve días después del secuestro.

El reporte indica que, según familiares de los occisos, los captores pedían una fuerte suma de dinero por su libertad a la compañía minera artesanal R&R, que explota oro por una especie de contrato de alquiler con la titular de la concesión minera La Poderosa, en una zona concesionada a esta.

El macabro hallazgo dio pie a duras críticas de estaciones de radio y televisión a la impunidad de los mineros ilegales, que cuentan con grupos armados a su servicio y mantienen tomadas otras zonas concesionadas a La Poderosa.

Contrastaron lo sucedido y un ataque, ayer, contra otra instalación minera de Pataz, que dejó ocho heridos, con el estado de emergencia vigente en Pataz y fuertes contingentes de militares y policías enviados a la provincia a resguardar el orden.

Los autores de la matanza confirmada hoy secuestraron a las 13 víctimas el 25 de abril y los familiares denunciaron públicamente el día 29 que desde ese día no tenían comunicación con los mineros.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, fue preguntado sobre el caso el 30 de abril y respondió que La Poderosa le informó al Gobierno que ninguno de sus trabajadores había desaparecido y que el Ejecutivo no había recibido ninguna denuncia sobre el caso.

“Nos preocupa que esta información sea cierta; sin embargo, nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia de que el suceso que se informó ayer (29 de abril) sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento”, aseguró.

Sin embargo, horas más tarde, el jefe de Policía de la región de La Libertad, el general PNP Óscar Llerena, a la que pertenece Pataz, aclaró que la denuncia sí fue recibida, por lo que se había enviado un grupo de búsqueda.

El viernes último, La Poderosa confirmó el secuestro y lamentó que se cometiera bajo el estado de emergencia y que en Pataz, donde hay “un importante contingente de efectivos policiales y del Ejército”, el clima de violencia siga escalando en la zona.

Los grupos de choque de los mineros ilegales masacraron con explosivos a nueve trabajadores del servicio de vigilancia de La Poderosa y han derribado en los últimos años 17 torres de alta tensión en Pataz.

rc/mrs