Los reproches políticos se extienden a sectores empresariales y hasta grupos de promotores del capitalismo y de extrema derecha que ven en la situación en la masacre cometida por elementos armados de la minería ilegal en la norteña provincia de Pataz, una oportunidad de impulsar sus posiciones.

En un contexto pre-electoral, el partido Fuerza Popular acusó al Gobierno por mantener en un segundo y pasivo plano a las fuerzas militares enviadas a esa provincia para restaurar el orden quebrado desde hace años y anunció que pedirá por ello que el Congreso interpele al ministro de Defensa,Walter Astudillo.

Al mismo tiempo, más de 20 congresistas firmaron una moción de censura al primer ministro, Gustavo Adrianzén, esperando contar con 33 para que se debata en el pleno parlamentario la propuesta que, de aprobarse, obligará a renunciar al interpelado y con él a todo el gabinete ministerial.

Adrianzén es el centro de las críticas porque días antes de la matanza, cuando los familiares pedían que se busque a los secuestrados por los mineros ilegales el 25 de abril, puso en duda la veracidad de la desaparición y dijo que no había recibido denuncia alguna.

La moción en su contra ha sido firmada por legisladores de las diversas tendencias, de izquierda, de centro derecha y de derecha extrema, en este caso por el almirante retirado Jorge Montoya, la izquierdista Silvana Robles y el centroderechista Edward Málaga.

“Una presidenta y sus ministros que no actúan frente a la violencia, no pueden seguir en el cargo”, dijo Robles, quien añadió que la matanza es resultado de las modificaciones legales favorables al crimen que, dijo, ha dictado el Congreso con la venia del Ejecutivo.

“Lo que ha ocurrido en Pataz es una tragedia que evidencia el abandono, la impunidad y la falta de acción concreta en materia de seguridad”, expresó Montoya.

La excandidata presidencial de izquierda Verónika Mendoza comentó que los asesinos de Pataz “no son solo los que dispararon sino también el Gobierno y el Congreso que aprobaron leyes a favor de la minería ilegal y del crimen organizado”.

“Acá existen responsables directos de la masacre de 13 compatriotas en Pataz: el Ejecutivo, el Legislativo y el Gobierno Regional”. Respondan por su ineptitud e indolencia!”, apuntó la historiadora Carmen Mc Evoy.

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