En un mensaje televisivo, la mandataria condenó la matanza, confirmada ayer, y precisó que el la medida restrictiva regirá en el distrito de Pataz, capital de la provincia norteña del mismo nombre, desde las 18:00 hasta las 06:00 horas.

También, dijo, se instalará una base militar y se incrementará el número de tropas enviadas al lugar en virtud de la declaración del estado de emergencia vigente en la zona, medida esta que no ha conseguido resultados, según críticos de la disposición.

Los militares, además, asumirán el control del área de la concesión minera en la cual explota oro la empresa La Poderosa y el Ejecutivo pedirá al Congreso facultades legislativas para crear el delito de terrorismo urbano contra delitos extremadamente graves.

Boluarte anunció igualmente la suspensión de las actividades mineras en Pataz por 30 días prorrogables, para facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

En ese lapso, agrego, serán eliminados todas los registros o autorizaciones temporales que permiten operar a mineros artesanales mientras gestionan su formalización, que hubieran sido supendidos.

La mandataria pidió a las empresas mineras de Pataz que no subcontraten (arrienden a terceros) las concesiones recibidas del Estado, porque de esa manera se pierde el control de identificación de quienes operan en la zona.

Dijo también que el delincuente Miguel Rodríguez, alias Cuchillo, sospechoso de participar en la matanza, fue capturado en 2023 por la Policía y liberado por el Ministerio Público y aseguró que decirlo no es lavarse las manos pues “sencillamente estamos poniendo en evidencia donde esta la responsabilidad”.

La mandataria es investigada por el Ministerio Público por causas diversas y ambos están enfrentados ante el Tribunal Constitucional por una demanda de Boluarte de que la corte defina si puede ser objeto de indagaciones preparatorias de una acusación, la cual está prohibida por la Constitución.

Otros detalles de las medidas fueron explicados por los ministerios de Defensa, Interior y Energía y Minas, mientras César Acuña, gobernador de la región de La Libertad, de la que forma parte Pataz, dio su respaldo a las medidas gubernamentales.

El titular de Energía y Minas, Jorge Montero, dijo a su vez que habrá rutas asignadas al transporte de mineral, materiales e insumos para la minería que serán fiscalizados y quienes usen otros caminos perderán su autorización para operar.

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