“En el período comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden”, afirmó.

Al intervenir en el habitual encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con periodistas, el titular señaló 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que “favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”.

Dijo que se concretaron 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además de 27 traslados de prisioneros a otros centros penitenciarios sin que se cumpliera con las formalidades del proceso.

“Esto, pese a que prevención y reinserción social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio” y otros de alto impacto, aclaró.

Al ejemplificar este tipo de decisiones, mencionó al juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien resolvió el 24 de abril el egreso de Gerardo Ponce, uno de los líderes del Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro estatal de Aguaruto.

En noviembre del año pasado, ese juez revocó las medidas de prisión preventiva de José Alfredo N, alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y de Eduardo Alejandro N, vinculado con otros delitos.

De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro, de la misma entidad federativa, con 15.

“Quiero destacar que de octubre de 2024 a abril de 2025, fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etc.”, subrayó.

Al aludir al esfuerzo de los integrantes de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, con riesgo muchas veces para sus propias vidas, García calificó de inaceptable que órganos jurisdiccionales tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes.

El próximo 1 de junio, México celebrará por primera vez elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, una cita ante las urnas derivada de la reforma al poder judicial aprobada el año pasado.

Dichas modificaciones a la Constitución –de acuerdo con autoridades y especialistas-, buscan poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias existente en ese poder autónomo.

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