Un informe este jueves del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM-CR) y el American Friends Service Committee (Afsc) acusa al gobierno de detener a esos ciudadanos, negarles protección internacional y exponerlos a riesgos graves de persecución.

La acusación alude a 200 migrantes trasladados al país centroamericano en febrero por decisión del gobierno de Donald Trump por acuerdo mutuo, como escala mientras eran enviados a sus destinos definitivos, y concentrados en un centro de detenciones, precisó el diario.

El recibimiento a estas personas, incluidos niños, niñas y adolescentes, implicó su detención de forma arbitraria e ilegal por más de 60 días, la negación de información adecuada y la falta de garantías del principio de no devolución, amplían las entidades de derechos humanos.

Según los denunciantes, las autoridades costarricenses vulneraron, además, los derechos de esos migrantes a la salud, su integridad física y emocional y sus proyectos de vida, añade Delfino cr.

Las medidas asumidas por el Estado costarricense para poner fin a esas afectaciones fueron insuficientes para reparar el daño contra dichos migrantes y garantizar su acceso a derechos y a una integración digna y segura en el país, revela la denuncia del Cejil, el SJM-CR y el Afsc.

El documento acusatorio fue emitido tras una visita de monitoreo el 10 de abril de esas organizaciones al Centro de Atención Temporal para personas Migrantes, en Paso Canoas, frontera con Panamá, donde permanecen detenidas después de su traslado al país mediante dos vuelos.

Un total de 94 ciudadanos de Rusia, Armenia, China, Nepal, India, República del Congo, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades permanecen en dichas instalaciones, del total de 200 enviadas en febrero por Washington el país centroamericano.

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