La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, precisó que en el primer mes mencionado el promedio diario de esos delitos totalizó 86,9, lo cual cayó a 65,3 en el segundo, con cifras consolidadas.
“Esta disminución significa que este abril se registraron 21 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024”, destacó la funcionaria, al señalar igualmente al cuarto mes de 2025 como el abril con el promedio más bajo desde 2016.
Con respecto al comportamiento anual del delito, en el primer cuatrimestre del presente año el promedio de homicidios diarios a nivel nacional fue de 73,1, una caída de 27,3 por ciento frente a idéntico período de 2018.
Acerca de los delitos de alto impacto, Figueroa indicó que desde octubre de 2024, con un promedio de 636 diarios, existe una tendencia a la baja en la que sobresale abril de 2025, con 513,6, un descenso de 19,25 por ciento entre ambos meses.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, informó sobre la detención de más de 20 mil personas por delitos de alto impacto y el decomiso de 154 toneladas de droga y 10 mil 329 armas de fuego del 1 de octubre de 2024 al 6 de mayo último.
Al exponer los más recientes resultados de la estrategia nacional en este ámbito, el titular dijo que entre estas capturas se encuentran operadores de organizaciones criminales, “objetivos prioritarios de algunas entidades federativas que generaban altos niveles de violencia”.
En 19 estados del país, agregó, el Ejército y la Marina destruyeron 896 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, donde se incautaron más de un millón de litros y más de 200 toneladas de sustancias químicas, una cifra sin precedentes.
Durante su intervención, García denunció además la existencia de un alarmante número de determinaciones judiciales para favorecer a delincuentes.
Al referirse al período comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, el titular señaló casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que “favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”.
El próximo 1 de junio, México celebrará sus primeras elecciones de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular, una cita ante las urnas derivada de la reforma al poder judicial aprobada el año pasado.
Dichas modificaciones a la Constitución –de acuerdo con autoridades y especialistas-, buscan poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias existente en ese poder autónomo.
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