La propuesta, que se radicó recientemente en el Congreso, incorpora al ecosistema cultural y a su marco legal sectores que no estaban citados expresamente en la legislación, como son las artes vivas, culturas emergentes, arte callejero y digital, contenidos convergentes, Cultura Viva Comunitaria, arte multimedia, artes gráficas, turismo cultural y etnoturismo.

Asimismo, busca ampliar los beneficios tributarios y las mejores prácticas existentes a otros sectores.

En ese sentido, fortalece el incentivo por aportes económicos y donaciones a la Red de Bibliotecas Públicas, a los fondos mixtos de cultura, al Fondo Nacional de Cultura o a gastos en preservación de Bienes de Interés Cultural y salvaguardia de expresiones culturales, otorgándoles a quienes aporten recursos una deducción del 165 por ciento sobre su impuesto de renta y sobre los montos que aporten.

Otro de sus objetivos es fortalecer la gobernanza cultural para darle voz, fuerza y herramientas a los diferentes colectivos.

La idea es que los representantes del sector (el Sistema Nacional de Cultura, integrado por el Consejo Nacional de Cultura, consejos departamentales y sectoriales) trabajen de forma horizontal con el gobierno y tengan una mayor incidencia en la definición de planes, programas y control social de recursos.

El proyecto incluye además medidas esenciales como la política del cuidado y la construcción de paz -postura antirracista, antisexista, anticlasista, antipatriarcal, de reparación histórica frente a hechos de exclusión y lesividad- y la defensa de los derechos culturales.

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