El cierre de la carretera a Los Choros en la vía Panamericana provocó que el transporte público colapsara hasta que el presidente Nayib Bukele decretara la gratuidad del mismo como una medida emergente para evitar males mayores en el desplazamiento de sus compatriotas.

El inicio de semana se caracterizó por terminales y paradas congestionadas de público en la capital, lo cual llevó a la detención de directivos del transporte y acciones de «mano dura» del gobierno, entre ellas el despliegue de policías y militares en buses y otros medios para garantizar su funcionamiento.

Este viernes fue normal avistar a militares con armas largas acompañando rutas de buses para garantizar el servicio.

Bukele, en un mensaje en Facebook, señaló que «muchos empresarios» no brindaron el servicio a pesar de que el gobierno subsidiaría y afirmó que «esta acción constituye un claro sabotaje al país, y como siempre, el más afectado es el pueblo».

De cierta forma, el problema les restó protagonismo a temas como un presunto pacto del gobierno y de Bukele con las pandillas que fue puesto en escena por la divulgación de entrevistas a pandilleros realizada por el periódico digital El Faro, algo que el gobierno negó con una amplia campaña de desmentido.

Esa campaña incluyó la divulgación por Casa Presidencial de un corto en video donde se muestran imágenes de las duras condiciones en que viven los pandilleros en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

En una entrevista con la revista francesa Le Grand Continent, el vicepresidente Félix Ulloa, dijo que “este gobierno jamás ha negociado con las maras”, “tenemos a los cabecillas del más alto nivel de las pandillas encarcelados”.

Sobre este tema un comentario publicado por el diario Colatino sobre la entrevista publicada por El Faro al líder histórico del Barrio 18, conocido como “El Charly”, señaló que la verdadera moneda del pacto entre el Gobierno y las pandillas no fue la paz, fue el silencio.

Durante los primeros dos años de gestión de Bukele, mientras los medios repetían el mantra de “el país más seguro de América”, los cementerios clandestinos se multiplicaban, agregó el informe de Colatino.

Al respecto, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, dijo que “la entrevista vierte información que teníamos previamente por otras fuentes”, a la vez que insistió “en la propuesta que se hizo en 2023 de hacer una comisión especial de investigación porque los hechos que están en esta entrevista son sumamente graves».

En la semana casi pasó desapercibida la ocupación por la Marina Nacional de una tonelada de drogas que era transportada en un barco pesquero procedente de Costa Rica.

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