En un comunicado, la organización califica como una “burla a la justicia” y una “erosión a la democracia” la huida el sábado último del exgobernante, tras recibir un salvoconducto de la administración del presidente José Raúl Mulino.

Ese colectivo denunció que la actuación de la cancillería panameña constituye una violación al principio de legalidad y burla a la razón de ser de la institución del asilo.

De acuerdo con el mensaje, el salvoconducto fue emitido de forma opaca y sin rendición de cuentas, lo que representa una actuación alarmante por parte del Ejecutivo.

Asimismo, criticó duramente la decisión del gobierno de Gustavo Petro de conceder asilo a Martinelli, señalando que este acto desacredita al sistema judicial panameño e ignora que el exmandatario ha sido condenado por corrupción.

“Es absolutamente inaceptable que un país hermano desacredite así nuestras instituciones”, remarca el documento.

También subrayó que lo sucedido afecta la credibilidad del país, y pone en riesgo casos emblemáticos aún pendientes, como el escándalo Odebrecht.

Ante tal situación, exigieron a la Fiscalía que emita de inmediato una alerta roja a la Interpol, para impedir que Martinelli utilice el asilo como una vía para evadir la justicia panameña.

También el capítulo panameño de la ONG Transparencia Internacional (TI) señaló que el reciente asilo político otorgado por Colombia al multimillonario, cierra con un lamentable sello de impunidad, el largo y arduo camino de la justicia, que lo declaró culpable por corrupción.

«El nuevo capítulo del penoso caso del expresidente Ricardo Martinelli constituye una clara violación a los tratados internacionales en materia de asilo, al sistema de Administración de Justicia, a la separación de poderes que sostiene el sistema democrático y al Estado de Derecho en su conjunto», afirmó la agrupación.

Desde el 7 de febrero de 2024, Martinelli se mantenía refugiado en la embajada de Nicaragua en esta capital y desde allí hacía pronunciamientos sobre asuntos de la política interna, lo que también fue criticado en su momento, sin poder impedirlo.

Por su parte, la diplomacia de la nación neogranadina señaló en un comunicado oficial que la decisión adoptada (otorgar asilo ) se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas”.

Sin embargo juristas y analistas panameños estiman que Martinelli ha sido juzgado por delitos comunes.

En ese sentido recuerdan que en julio de 2023, el exgobernante fue condenado a 10 años y ocho meses de cárcel y el pago de una multa de 19,2 millones de dólares por blanqueo de capitales en el caso New Business, por la compra de una editora con recursos públicos.

Por esa razón fue inhabilitado como candidato presidencial en mayor de 2024 y desde el 7 de febrero de ese mismo año encontró alojamiento seguro en la embajada nicaragüense en esta capital.

Martinelli enfrenta en su país natal una acusación de lavado de dinero por el caso Odebrecht, el mayor proceso judicial por corrupción en la historia de Panamá.

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