Según lo pactado por el gobierno, el 9 de mayo se venció el plazo para la aprobación de la nueva ley encaminada a mejorar las finanzas públicas, la cual fue suspendida durante la pandemia por Covid-19.

La demora en la presentación de la normativa fue aireada por diputados opositores como Claudia Ortiz, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, quienes manifestaron no haber recibido, por el momento, ningún borrador o solicitud de proyecto de nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

La normativa es esencial en el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con FMI, para el financiamiento de mil 400 millones de dólares aprobado en febrero y que implementará “reglas más robustas para mejorar la rendición de cuentas presupuestarias».

Según el economista Rommel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), la aprobación no puede ignorarse porque es un objetivo estructural que sirve de base para cumplir otros objetivos fiscales.

En un acuerdo donde el tema fiscal es fundamental, creo que no es soslayable (la Ley de Responsabilidad Fiscal). Es una meta u objetivo estructural, es clave y en caso extremo habría una prórroga o un compás de espera al organismo, aseveró.

Mientras para el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), el economista Carlos Acevedo, al FMI no le suelen gustar los incumplimientos en los acuerdos, excepto una buena excusa, y sugirió “restablecer y ajustar la Ley de Responsabilidad Fiscal anterior, que es bastante buena».

Esta ley se debería «aprobar cuanto antes, para no empezar a hacer un papelón ante el FMI a las primeras de cambio», manifestó.

Lo pactado con la multilateral para un programa por mil 400 millones de dólares inicia un desembolso inmediato de 113 millones e incluye un ajuste fiscal de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) durante tres años, que inicia con un tramo de 1.5 puntos porcentuales del PIB para este año 2025.

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