El pedido de excluir de las competencias del equipo de Naciones Unidas la veeduría a los avances en torno a la implementación de la Reforma Rural Integral, sobre lo que versa el punto uno del pacto de 2016, fue realizada por el canciller Omar Bula, quien alegó que esa cuestión atañe de manera inherente al Estado Colombiano.

La Misión de Verificación se ceñirá únicamente a velar por la seguridad de los 11 mil excombatientes que se mantienen alejados de las armas y por su reintegración a la vida civil.

Recientemente, el líder de la oposición en el Senado, Iván Cepeda, alertó que las políticas adoptadas por el presidente de Abelardo de la Espriella van en detrimento de los derechos campesinos.

El congresista afirmó que el actual Gobierno, a través de su ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, lleva a cabo una “contrarreforma agraria” orientada a paralizar la restitución de tierras al campesinado y, en su lugar, agilizar la devolución de predios confiscados a redes del narcoparamilitarismo.

Asimismo, alertó sobre el nombramiento de 14 funcionarios en puestos clave del sector agrario que tendrían relaciones profesionales, corporativas o de negocios previas con el bufete privado De La Espriella Lawyers y con el propio ministro Dangond.

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Felipe Harman denunció por su parte que el Ejecutivo está enfrascado en tomar medidas regresivas para los campesinos.

“¡La contrarreforma agraria avanza con todo el descaro! Este Gobierno desacredita la Reforma Agraria para justificar una política que beneficia a los grandes poderes económicos y perpetúa la concentración de la tierra”, señaló.

Hace un año, el Consejo redujo el mandato de la Misión al eliminar la verificación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y del Capítulo Étnico.

La Misión llegó a la nación sudamericana en septiembre de 2017 a solicitud del Gobierno de aquel entonces, para acompañar al país y verificar la implementación de los compromisos clave del Acuerdo de Paz.

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