Una lista de la cadena CBS incluye los nombres de 238 personas que corresponderían a las expulsadas por la administración Trump el pasado 15 de marzo invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798; sin embargo, conforme pasan los días se conocen más casos que no están en esa relación.

Se habla del migrante Ricardo Prada, un venezolano que había aplicado su solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One (de la era de Joe Biden) y que se ganaba la vida aquí como repartidor en Detroit, Michigan.

Un error de conducción lo llevó a una vuelta equivocada al volante y se desvió hacia Canadá y al intentar regresar a Estados Unidos por el túnel Detroit-Windsor, fue detenido por las autoridades migratorias y su proceso de deportación se activó de inmediato. A partir de ese momento comenzó el calvario de Prada, cuyo paradero actual es desconocido.

Organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los inmigrantes por eso creen que la administración republicana habría transferido a más personas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en la nación centroamericana, que las informadas oficialmente.

“A medida que han ido apareciendo los casos de los desaparecidos, se lleva a los medios y ha ido respondiendo, lo cual nos hace suponer que todos los nombres que han ido apareciendo y que no están en la lista original también fueron enviados al Cecot”, afirmó Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, citada por la CNN.

Para algunos grupos esas detenciones no solo violan el debido proceso, sino que pueden considerarse como “desapariciones forzadas”, que se produce -alegan- cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero.

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que tiene información sobre más de un centenar de venezolanos que se cree estarían detenidos en el Cecot, donde se enfrentan a probables violaciones de los derechos humanos.

“El destino y el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños trasladados a El Salvador siguen sin estar claros”, subrayó Naciones Unidas en un comunicado.

El uso de una ley de más de 200 años para agilizar las deportaciones de Trump de presuntos criminales peligrosos miembros de pandillas como el Tren de Aragua sigue en el medio de una controversia política y legal.

Un juez federal dictaminó el pasado 6 de mayo que es ilegal el uso de esta amplia autoridad de tiempo de guerra del siglo XVIII.

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