Según sus testimonios, unidades antimotines penetraron en las comunidades y casas para intimidar a sus moradores y luego emplearon gas lacrimógeno, sin distinción de la presencia de niños y adultos mayores.
Los originarios se han sumado a una huelga indefinida convocada por el gremio docente y también los constructores desde hace más de dos semanas y a las manifestaciones en las calles con cierres viales contra la norma sancionada por el Gobierno en marzo pasado.
Las protestas demandan además de la derogación de la Ley 462 la anulación de un memorando de entendimiento suscrito por el Ejecutivo con Estados Unidos que cede el territorio nacional para el establecimiento de bases militares bajo la supuesta defensa del Canal.
Los líderes comarcales precisaron que los estamentos de seguridad, fuertemente armados, no solo han atacado brutalmente a comunidades y dirigentes en Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado, entre otras localidades, sino que detienen de forma arbitraria a sus dirigentes, lo que refleja la instalación dse una dictadura en el poder.
«Exigimos el cese de esta persecución contra nuestro pueblo, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar pendiente de estos hechos que vulneran nuestra democracia y violan todos nuestros derechos humanos reconocidos universalmente», manifiestan los originarios en un comunicado.
Por su parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, responsabilizó al jefe de Estado, José Raúl Mulino; al ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y al jefe de la Policía Nacional, Jaime Fernández, del posible daño a la integridad física del dirigente de ese colectivo, Jaime Caballero, secuestrado este miércoles al salir del despacho de un juez de garantías que le otorgó su libertad, tras ser detenido de manera arbitraria.
Los colectivos en paro y otras acciones repudian la actitud arrogante de Mulino, quien la semana pasada en conferencia de prensa habitual, indicó que se negaba al diálogo con los sectores populares adversarios de la Ley 462, la que estimó no es negociable, “está vigente y va a seguir vigente», remarcó.
También se conoció que los uniformados despejaron a golpe de gas pimienta a grupos que bloqueaban tramos de la carretera Panamericana en una zona al occidente del istmo y dispersó a constructores en la capital al prolongarse las acciones, aún bajo una pertinaz llovizna.
Mientras, otro grupo de obreros de la construcción fue dispersado al protestar frente al hotel Sheraton, en esta capital, donde tenía lugar una cita de ministros de Trabajo de la región.
Los actuales bloqueos de carretera afectan además la salida de camiones con productos de la occidental provincia de Bocas del Toro, famosa por el cultivo de banano, por lo que la empresa Chiquita decidió cerrar al menos tres fincas donde se cultiva el plátano para la exportación y consumo local.
A juicio de analistas, estas son las mayores protestas que se registran en el pais luego de la ola popular que rechazó a finales de 2023 un contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, documento anulado por la Corte Suprema de Justicia que ordenó además el cierre de operaciones.
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