El permiso le fue otorgado ayer tras la renuncia del primer ministro, Gustavo Adrianzén, que obligó a dimitir a los demás titulares, y asumió un nuevo gabinete, a lo cual la mayoría parlamentaria había condicionado el permiso.
Boluarte viajará con el canciller, Elmer Schialer, tras declinar su invitación a acompañarla los presidentes del Poder Judicial, Janet Tello, y del Congreso, Eduardo Salhuana.
Tello agradeció ayer la invitación pero explicó que no puede viajar por una actividad internacional previamente agendada, mientras Sahuana argumentó que la presencia de la mandataria como máxima representación policial y que él debe permanecer en el país por las circunstancias políticas presentes así lo exigen.
Dijo también que la mandataria podría invitar a autoridades de las regiones norteñas de Piura y Lambayeque, en las que ejerció el sacerdocio y fue obispo, respectivamente, el pontífice.
La mandataria, según el programa del viaje revelado en el debate congresal sobre la autorización, partirá mañana, llegará el sábado a Roma y el domingo solo tiene previsto asistir a la misa en la que será entronizado León XIV y el mismo día emprenderá el retorno para llegar a Lima el lunes.
El permiso para el viaje le fue otorgado tras un debate de casi una hora en la que la mayoría argumentó que León XIV tiene también la nacionalidad peruana y aprecia mucho al país -hasta tiene como secretario a un joven sacerdote peruano-, por lo que la ocasión amerita que viaje la máxima representante oficial.
Legisladores de izquierda, por su parte, negaron que la mandataria represente cabalmente al pueblo peruano, teniendo en cuenta una encuesta que le asigna solo 2 por ciento de aprobación.
Agregaron que su presencia en El Vaticano puede no ser grata para León XIV, pues como obispo peruano tuvo un actitud crítica frente a la letal represión a las protestas contra el ascenso, por sucesión, de Boluarte a la presidencia, en diciembre de 2022.
En abril pasado, el pleno congresal se negó a autorizar el viaje de la presidenta a Roma para asistir a las exequias del papa Francisco y el rechazo se fundamentó en la crítica situación de desborde criminal y otros problemas que debía atender en Perú.
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