Los legisladores, que asumieron sus funciones el pasado miércoles, tienen 30 días para tratar este pedido de carácter económico urgente y donde el mandatario reconoce la escalada de violencia en el país.

La iniciativa legal de Noboa implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otras normativas, con lo cual el Gobierno busca golpear la economía de los grupos criminales que actúan en el país.

Entre las propuestas, destaca el reconocimiento oficial de la existencia de un conflicto armado interno, una declaratoria que el mandatario emitió en enero de 2024 y ha sido cuestionada por la Corte Constitucional.

A su vez, pide establecer al Bloque de Seguridad, compuesto por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como instancia de coordinación operativa encargada de planificar, ejecutar y supervisar las acciones militares y de seguridad.

Entre las reformas, el gobernante sugiere confiscaciones de dinero y bienes ligados a lavado de activos, aumento de penas para integrantes de grupos ilegales armados, con condenas de entre 22 y 26 años de prisión para lo que antes castigaban con entre 10 y 13 años de cárcel.

Para los jefes de las organizaciones delincuenciales también pide sanciones de cárcel más duras, de 26 a 30 años, y que las armas, municiones y otros elementos incautados pasen directa e inmediatamente a las fuerzas del orden.

La iniciativa establece allanamientos sin orden judicial, aún cuando plantea la necesidad de que 24 horas después haya un control de jueces especializados.

Asimismo, el gobernante busca que exista prisión preventiva, sin cabida a medidas cautelares sustitutivas, e Indultos anticipados a policías y militares.

El anuncio de la propuesta ha causado críticas por parte de organizaciones y activistas defensores de derechos humanos.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad que persiste, a pesar de las medidas adoptadas por Noboa.

Las muertes violentas siguen en aumento y en el primer trimestre de 2025 llegaron a más de dos mil, según datos oficiales.

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