La defensora de derechos humanos, abogada y politóloga Melania Carrión afirmó que la iniciativa del mandatario incluye temas que ya constan en la Ley de Seguridad Pública y del Estado y consideró que no cumple con los criterios para la calificación como urgente en materia económica.

En un comentario publicado en su cuenta de X, la experta advierte que esa normativa buscaría crear un régimen para la impunidad frente a violaciones de derechos humanos hasta con jueces especializados.

Además, en su opinión, abre la puerta para la persecución a líderes sociales y defensores de derechos, al tiempo que confunde temas de seguridad, derecho humanitario, penales y económicos.

En una línea similar se pronunció el abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil, que calificó el proyecto como “ley de terrorismo estatal”.

Según advirtió Bastias, de ser aprobada la disposición, ningún policía o militar que cometa ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas irá a prisión preventiva.

El jurista Joffre Campaña señaló en redes sociales que la propuesta del jefe del Ejecutivo en varios aspectos es “abiertamente inconstitucional” y representaría un riesgo enorme para las libertades de los ciudadanos no vinculados a los grupos delincuenciales.

“Otorga poder omnímodo al presidente de la República y al Bloque de Seguridad para tomar decisiones sin un marco que las delimite. En definitiva, peligrosísimo”, comentó Campaña.

La legisladora Paola Cabezas, de la bancada de la Revolución Ciudadana (oposición), alertó que la propuesta incluye medidas que generan serias dudas sobre su constitucionalidad y el respeto al debido proceso.

En particular menciona con preocupación la posibilidad de allanamientos sin orden judicial, los indultos “a la carta” para miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, y rebajas tributarias por donaciones a las fuerzas del orden.

La iniciativa legal que Noboa envió este sábado a la Asamblea Nacional (Parlamento) con carácter económico urgente busca también aumentar hasta 30 años las penas para ciudadanos vinculados con el crimen organizado.

Uno de los artículos sugeridos como parte de la ley y que llamó la atención del abogado Campaña por las atribuciones que otorga -en su opinión típicas de un “dictador”- es el referido a cómo el presidente, durante el conflicto armado interno, podrá disponer las medidas de seguridad, económicas y las que sean adecuadas y oportunas para proteger a la población.

La Asamblea Nacional, donde el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) cuenta con mayoría y controla casi todas las comisiones permanentes, tendrá 30 días para analizar la propuesta gubernamental.

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