Desde el pasado 23 de abril, convocada por gremios docentes, varios sectores forman parte de esa medida de presión y demandan al Gobierno derogue la norma que permite el robo de los recursos de la CSS y privatiza sus servicios, aunque el Ejecutivo insista en sus beneficios, mientras aumenta la represión policial de las protestas en todo el istmo.

Tras concluir el Consejo Nacional del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), su secretario general Saúl Méndez responsabilizó al presidente de la República, José Raúl Mulino, de la integridad física de Jaime Caballero, uno de los dirigentes del colectivo.

Caballero fue apresado y enjuiciado por presunto blanqueo de capitales como parte de persecución política de los manifestantes, remarcó.

Méndez adelantó que mañana lunes en el capitalino parque Urracá, en Asamblea General de Suntracs, se adoptarán nuevas acciones, hasta conseguir que Caballero -trasladado a la cárcel La Joya, un sitio peligroso- sea puesto en libertad.

También para repudiar a «un Ejecutivo vendepatria» que firmó en abril pasado con Washington un acuerdo que atenta contra la soberanía, al permitir la presencia de tropas estadounidenses.

Por su parte, en un comunicado de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) se precisa que de no ser escuchadas sus demandas sobre la seguridad social, irán a paro también desde este lunes 19 de mayo.

Las profesionales de la salud protagonizaron hace nueve días la llamada Marcha Blanca que concluyó con una manifestación en el Casco Antiguo, en las inmediaciones del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo), en rechazo a la iniciativa.

De acuerdo con la presidenta de la ANEP, Elidya Espinosa, a esa protesta se podrían incorporar las colegas del Instituto Oncológico Nacional y el Hospital del Niño, quienes antes realizaron mitines en los predios de los nosocomios en contra de la nueva Ley Orgánica de la CSS.

Mulino por su parte fue enfático en la más reciente conferencia de prensa semanal al decir que le corresponde defender los intereses nacionales, al tiempo que reconoció el derecho constitucional a protestas, pero también al libre tránsito, y adelantó que no permitirá los bloqueos de carreteras como una de las formas del rechazo a esas normas.

Mientras, una comisión gubernamental avanza en conversaciones con los trabajadores del sector bananero en la occidental provincia de Bocas del Toro, con importantes cierres viales, lo cual motivó que el Gobierno estableciera un puente aéreo humanitario para llevar mercancías, insumos y productos de primera necesidad a esa población.

La víspera y ante la escalada de acciones represivas contra el pueblo que se manifiesta en las calles contra la Ley 462, varias agrupaciones denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las fragantes violaciones a las libertades sindical y civiles.

En la misiva, dirigida a Gilbert Houngbo, director general de ese organismo, se solicita la intervención de urgencia ante el Gobierno que judicializa las manifestaciones pacíficas, arresta a dirigentes y reprime a sus participantes opuestos al intento de desarticular la CSS y eliminar conquistas de los sectores mayoritarios.

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