“Parece que quisieran muerte. Agotar el diálogo en la protesta social cuando la Policía vuelve a estar manchada por brutalidad y falsos positivos (término dado en el país a las ejecuciones extrajudiciales) es una incitación criminal al desastre. El derecho a la protesta es constitucional y no negociable”, escribió el congresista en su cuenta de la red social X.

También señaló que en caso de una tragedia, “la responsabilidad violenta y política será de Abelardo y de su gobierno indolente”, en referencia al presidente de la nación.

El borrador del decreto, que estará abierto para comentarios hasta el próximo 4 de octubre, propone que «frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente”.

Por otra parte, señala que las negociaciones “podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes participan pacíficamente”.

Según la norma, las protestas deben ir acompañadas de un dispositivo de la Policía, que estará ubicado “a una distancia mínima de cuatro metros” de la manifestación.

Certifica que “la Policía Nacional actuará, sin dilaciones innecesarias, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios de prevenir, contener y hacer cesar las conductas punibles o los actos de violencia, proteger la vida e integridad de las personas, preservar los bienes y restablecer las condiciones de seguridad y convivencia”.

A mediados de este mes, el presidente del país aseguró que “cuando existan hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden” intervendrán las autoridades en las universidades y añadió que la Policía será la primera en acudir.

El anuncio del mandatario fue rechazado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos.

Según expusieron en un comunicado conjunto, el mensaje estigmatiza la movilización estudiantil universitaria, asociándola al “vandalismo” y al “terrorismo urbano”.

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