El juez de la causa, Marco Boris Aguirre, fue quien a solicitud de la Fiscalía convocó a juicio al ex vicegoberante, en calidad de titular del Comité de la Reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2026.
La abogada Sonia Vera, parte del equipo legal de Glas, señaló que esa es nueva manifestación del uso del proceso penal como herramienta de persecución política, en abierta contravención al debido proceso.
“Se trata de una imputación que criminaliza decisiones de política pública adoptadas en el marco de un órgano colegiado, sin que exista ningún indicio de apropiación o desvío de fondos públicos”, aclaró Vera en su cuenta de la red social X.
El magistrado Aguirre dispuso también que en 12 días se realice una pericia médica psiquiátrica para determinar el estado de salud de Glas, quien está privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad La Roca desde abril de 2024.
El exvicemandatario fue detenido durante el asalto a la embajada de México en Quito, donde se encontraba en calidad de asilado.
Glas, que es considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o lawfare en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, una investigación sobre la supuesta responsabilidad penal en contratos relacionados con la construcción del parque Las Vegas, en Portoviejo, y el proyecto de acceso al Puerto de Manta.
Tras la decisión de este lunes de procesar a quien fuera uno de los principales líderes de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) afirmó: “Ya está la sentencia, solo falta el juicio”.
Glas estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, día en que uniformados entraron violentamente en la legación diplomática y lo aprehendieron, pese a contar con asilo por parte del entonces Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha reiterado en varias ocasiones la negativa a entregarle el salvoconducto, pese a su condición de asilado, pues considera que debe cumplir pena por supuestos delitos cometidos en el territorio nacional.
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