Esos datos constan en el proyecto de ley enviado por el mandatario a la Asamblea Nacional (Parlamento) para supuestamente acabar con la economía de los grupos de delincuencia organizada, una propuesta ampliamente cuestionada por políticos, analistas y expertos en derechos humanos.

De acuerdo con el documento, la cifra de homicidios hasta abril de este año refleja “una posible estabilización”, aunque reconoce que se trata de niveles inaceptables.

De seguir al ritmo actual, el año podría cerrar con más de nueve mil muertes violentas.

Asimismo, el texto indica que la violencia se concentra en provincias de la costa (Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro), zonas que corresponden a “corredores estratégicos para el narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y rutas marítimas de exportación ilícita”.

Además de los asesinatos, otros delitos, como los secuestros y las extorsiones se encuentran al alza en esta nación sudamericano, como reconoce el Ejecutivo en el proyecto legislativo, donde busca justificar la declaratoria de conflicto armado interno.

En el caso de las extorsiones, en 2022 se registraron seis mil 651 casos y en 2024 se reportaron 20 mil 293, o sea, se triplicó el número.

Entre enero y abril de 2025, se registraron cuatro mil 569 denuncias, lo cual para las autoridades representa una disminución en comparación a años anteriores.

En tanto, los secuestros pasaron de 713 en 2022 a dos mil 95 en 2024, y en lo que va de 2025 se han contabilizado 692 casos.

Con esos argumentos, la administración de Noboa busca justificar una ley que incluye allanamientos sin orden judicial, aumentos de penas, indulto por adelantado a policías y militares, otorgaría poderes al jefe del Ejecutivo y al Bloque de Seguridad, entre otras medidas cuestionadas.

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