En un pronunciamiento, publicado en redes sociales, los colectivos afirmaron que la propuesta, que será analizada en la Asamblea Nacional (Parlamento), fomentaría el uso desmedido de la fuerza y dejaría intactos los verdaderos núcleos de la economía ilícita.

Además, consideran que la disposición no combate de forma efectiva los circuitos financieros ilegales, ni plantea medidas estructurales como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) o la trazabilidad del oro y el lavado de activos.

Por el contrario, según los firmantes, blinda la impunidad de actores estatales implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción.

Las organizaciones aseguran que bajo la justificación del conflicto armado interno —figura rechazada ya por la Corte Constitucional—, la norma permite allanamientos sin orden judicial, procedimientos penales exprés, prisión preventiva obligatoria y beneficios legales para policías y militares involucrados en delitos.

Asimismo, denuncian que el texto concentra un poder en la figura del presidente y el llamado Bloque de Seguridad, al que se le otorgarían facultades para declarar zonas de excepción, expulsar extranjeros, y aplicar medidas económicas sin control parlamentario ni judicial.

Entre los principales vacíos del proyecto, los colectivos resaltan la omisión de políticas efectivas contra actividades como la minería ilegal, el reclutamiento forzado de menores y el financiamiento ilícito.

También critican que la única medida económica concreta del texto es la entrega de beneficios tributarios a quienes donen recursos a las fuerzas del orden, lo que —según afirman— podría debilitar la recaudación pública.

Las organizaciones exigieron a la Asamblea Nacional rechazar el proyecto por inconstitucional y advirtieron que activarán acciones legales en caso de que se apruebe.

Igualmente, solicitaron a la Corte Constitucional actuar preventivamente frente a lo que califican de intento de instaurar un régimen de impunidad institucionalizada.

«La propuesta del presidente, además de ser inconstitucional, pone en riesgo la vigencia del Estado de Derecho y los principios fundamentales que como sociedad hemos construido», subraya el pronunciamiento.

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