Se trata de sujetos que trabajaron en los órganos de seguridad en el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y fueron sancionados por ser autores o cómplices de secuestro calificado, homicidio, asociación ilícita y aplicación de torturas, entre otros delitos graves.

Entre los fugitivos hay antiguos militares, carabineros, exfuncionarios de la Armada y civiles integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia, el Centro Nacional de Inteligencia y el denominado Comando Conjunto.

Todos ellos tienen como denominador común que fueron sancionados con largas penas de prisión por violaciones a los derechos humanos, pero se fugaron antes de comenzar a cumplir la condena.

El jurista Francisco Bustos, encargado de elaborar el informe, señaló que cuando alguno de los prófugos es detenido, inmediatamente argumenta sufrir problemas mentales para evitar la cárcel.

Se trata de una estrategia sospechosa, dijo Bustos, pues son los mismos que desarrollaron planes sofisticados para evitar pagar por los crímenes cometidos durante la dictadura.

Figura entre ellos Nelson Edgardo Hasse, ex oficial del Ejército, sancionado por el secuestro y asesinato del compositor y cantante Víctor Jara y del jefe de prisiones Littré Quiroga en los primeros días después del golpe.

También está Federico Humberto Chaigneau, declarado culpable de cinco secuestros y una desaparición forzada en el país, más cinco homicidios y dos secuestros en el marco de la Operación Cóndor.

Similares son los expedientes de los otros 10 fugitivos, cuya captura se demanda con urgencia al Estado para hacer cumplir las leyes y evitar la impunidad.

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