Tras una brutal represión policial a una manifestación pacifica en la localidad de Santa Fe, que intentaron sofocar con gases lacrimógenos, según sus pobladores, los participantes en la protesta privaron de libertad a una integrante del Servicio Nacional de Fronteras, que vive en la comunidad.

En tanto, en la zona de Jaqué, los moradores retuvieron a una aeronave de Air Panamá, suceso catalogado por la Autoridad de Aeronáutica Civil como una violación de las regulaciones nacionales e internacionales, al tiempo que instó a la reanudación inmediata de las operaciones aéreas.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip), denunció la represión policial que enfrentan las comarcas en sus protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).

En un comunicado emitido desde la provincia de Veraguas, ese colectivo rechazó los intentos del Gobierno de José Raúl Mulino de callar al pueblo, que también rechaza la intención de reabrir la mina de cobre en Donoso (Colón) y la firma de un memorándum de entendimiento con Estados Unidos en detrimento de la soberanía nacional.

“Hemos sido testigos y víctimas de la militarización de vías y caminos dentro de los territorios indígenas de los hermanos Ngäbe-Buglé, Emberá Wounaan y otros, con armas de alto calibre, uso excesivo de la fuerza, frente a un pueblo indefenso, manteniendo algunos hermanos al borde de la muerte en los hospitales; esa represión fue igual para niños, mujeres y hombres, por lo que no podemos estar callados ni cruzados de brazos”, subraya el documento.

De otra parte, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, denunció el allanamiento arbitrario de las oficinas de esa organización sindical en la ciudad de David (Chiriquí).

Méndez en las redes sociales acusó al presidente de la República de intensificar la persecución para tratar de aislar a las organizaciones populares y de ser el responsable de la detención de Jaime Caballero, dirigente de ese colectivo en la occidental provincia, como parte de un proceso judicial amañado en su contra.

Desde el pasado 23 de abril, convocada por los docentes, varios sectores forman parte una huelga indefinida y exigen al Gobierno derogar la norma que permite el robo de los recursos de la CSS y privatiza sus servicios, aunque el Ejecutivo insista en sus beneficios, mientras aumenta la represión policial de las protestas en todo el istmo.

Una salida al clima de tensión social fue centro este martes de conversaciones solicitadas por jefes de bancadas parlamentarias a Mulino en el Palacio de las Garas (sede del Ejecutivo).

De acuerdo con la diputada de la coalición independiente Vamos, Janine Prado, se aprovechará la ocasión para poner de manifiesto la necesidad de abrir el diálogo con los manifestantes, una vía negada antes por el mandatario.

Prado dijo que se estará viendo parte del primer paso que se quiere dar para solucionar la situación en la occidental provincia de Bocas del Toro, que mantiene cierres viales desde hace más de 15 días, a través de un llamado a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional (parlamento).

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