La decisión fue adoptada por la Sala Penal de la Corte de Justicia de la provincia de Guayas, en la costa ecuatoriana, tras aceptar una apelación presentada por la exministra del Interior Mónica Palencia, hoy embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
El recurso cuestionaba la sentencia emitida el 31 de diciembre de 2024 por la jueza Tanya Loor, quien había concedido un recurso de hábeas corpus a favor de cuatro chicos víctimas de desaparición forzada.
Los hechos, conocidos como el caso Las Malvinas, se remontan al 8 de diciembre de 2024, cuando los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11 años, desaparecieron tras ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la avenida 25 de Julio, en el sur de la ciudad de Guayaquil.
Desde ese día nadie más volvió a ver a los chicos hasta que se encontraron los cuerpos calcinados en Taura, cantón Naranjal de la provincia de Guayas, zona donde, al parecer, fueron abandonados por los militares.
Los cuerpos de los adolescentes fueron hallados sin vida el 24 de diciembre y su identidad se confirmó el último día del año.
La jueza Loor había declarado que los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada y responsabilizó al Estado por la violación de sus derechos.
Su fallo fue duramente criticado por representantes del gobierno del presidente Daniel Noboa, quien en enero de 2024 decretó un conflicto armado interno y desplegó a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna, en el marco de una ofensiva contra el crimen organizado.
El abogado Fernando Bastías, del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, denunció que la nueva sentencia contiene “solo dos párrafos de motivación” y anunció que presentarán acciones legales ante la Corte Constitucional.
“La búsqueda de la justicia es un camino que estamos dispuestos a seguir contra corriente. Ni el presidente ni su actual gabinete que busca impunidad en el caso, lo detendrá”, afirmó Bastías.
El jurista recalcó que la decisión no afecta el proceso penal en curso contra los 16 militares implicados, que permanecen en prisión, aunque en dos ocasiones han intentado salir de la cárcel.
El caso ha puesto en evidencia las tensiones en Ecuador entre la lucha contra el crimen y el respeto a los derechos humanos.
Diversos organismos y organizaciones civiles han advertido que el uso indiscriminado de los militares en labores de seguridad interna puede derivar en abusos y falta de rendición de cuentas, especialmente en barrios marginados.
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