Esta vez, la atención se centra en el llamado núcleo tres, formado por miembros de las Fuerzas Armadas y un agente de la Policía Federal.

Presentada por la Fiscalía General, la acusación indica que este grupo articuló acciones estratégicas con el objetivo de persuadir al alto mando del Ejército a apoyar la permanencia del exmandatario Jair Bolsonaro en el poder, incluso después de su derrota ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las urnas.

La acusación del Ministerio Público Federal afirma que los integrantes del núcleo tres «actuaron para viabilizar operativamente el intento de golpe», tendiendo un puente entre la cúpula del supuesto plan (núcleos uno y dos, integrados por Bolsonaro, ministros y asesores) y la base de las Fuerzas Armadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un número tan significativo de altos mandos enfrentan acusaciones formales de participar en un plan para subvertir el orden democrático.

Además de enfrentar cargos en la Corte Suprema, estos agentes podrían enfrentar acciones legales en el Tribunal Militar Supremo.

En total, 12 personas están en la mira de los juzgados: 11 militares y un policía federal.

Según la Fiscalía General, todos cumplieron roles tácticos en la ejecución del plan golpista, que pretendía presionar a la cúpula del Ejército para que tomara parte activa en el complot violento.

El conjunto de cargos es amplio e incluye intento de abolir violentamente el Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, formación de una organización criminal armada, daños calificados y deterioro del patrimonio público protegido mediante la catalogación.

Todos estos delitos conllevan penas severas, que pueden llegar hasta 43 años de prisión si son declarados culpables.

El juicio en el STF aún no decidirá sobre la culpabilidad o inocencia de los implicados, sino si hay elementos suficientes para abrir un proceso penal.

Si la primera sala acepta la denuncia, todos serán acusados y el caso procederá a la instrucción probatoria. Con la apertura de una acción penal se iniciará otro proceso.

Durante la fase de investigación se reunirán pruebas, se escucharán testigos y se realizarán interrogatorios. Al final, el relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes, prepara su voto y somete el caso a juicio del panel.

Luego que el caso sea liberado por De Moraes, la primera sala se reunirá nuevamente para decidir si absuelve o condena a cada acusado.

En caso de condena, los ministros definirán las penas individualmente, en función de los delitos cometidos.

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