Desde la ciudad de Barrancabermeja, del departamento de Santander, el mandatario expresó que el país no puede volver atrás y que la población, lejos de detenerse, debe exigir sus derechos.

“Justicia no ha habido en Colombia. Seguimos siendo uno de los países más desiguales de la Tierra”, aseguró al respecto.

El gobernante hizo asimismo alusión a lo sucedido con la consulta popular promovida por su Gobierno, que se hundió el pasado 14 de marzo en el Congreso, y tras lo cual pidió a la ciudadanía movilizarse.

“Nos acercamos a días difíciles, intensos. Se hizo trampa en la consulta popular. El presidente del Senado levantó la sesión cuando sabía que había mayoría por la consulta popular, y eso no se le hace a un pueblo”, expresó.

También comentó acerca de los acontecimientos que rodean la discusión de la revivida reforma laboral en la Comisión Cuarta del órgano senatorial, por donde ahora transita el proyecto.

Según estimó, en ese comité los legisladores podrían estar tomando decisiones poco favorables para la propuesta, que plantea cambios significativos a la legislación laboral, como el establecimiento de una jornada laboral máxima de ocho horas diarias y de 42 semanales.

De concretarse esas acciones, consideró que “el pueblo no se puede parar” e insistió que en este caso procede la protesta, pero siempre de manera pacífica.

“Quiero advertirlo bien y con claridad: cada acto de violencia va contra el pueblo. Hay que tener un gran control. Tienen derecho a la huelga, tienen derecho al paro, pero no tienen derecho a quebrantar derechos de otras personas, comenzando por la Fuerza Pública, a la cual no hay que agredir”, remarcó.

Los predios entregados durante esta jornada a los campesinos fueron recuperados por el Estado tras haber sido usurpados y controlados por exjefes paramilitares, así como por Alonso Daza, capturado en España en 2010 por presunto tráfico de drogas y lavado de activos, según comunicó la Presidencia.

A pesar de que los criminales perdieron la titularidad de los terrenos desde hace más de una década, continuaban bajo el control fáctico de estructuras ilegales y familiares de narcotraficantes.

Su recuperación exigió más de un año de investigaciones y verificaciones administrativas, jurídicas y catastrales, acotó la fuente.

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