En un video difundido en las redes sociales del Ministerio Público (MP), la también jefa de ese ente expresó que la institución que dirige tampoco responde a agendas ajenas a su mandato y que les guía únicamente la ley.
Esperamos lo mismo de quienes nos observan respecto a nuestra independencia, reconocimiento a nuestra institucionalidad guatemalteca y apertura al diálogo responsable, añadió Porras.
Agradeció a los fiscales, auxiliares fiscales, personal técnico y administrativo “que día con día honran su función pública con valentía y profesionalismo”.
Aseguró que en esta nación la justicia no se negocia con nadie, se construye, se ejerce y se defiende, y el MP está cumpliendo con ese deber.
La alta representante de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados señaló la víspera el surgimiento de un patrón preocupante y continuo de criminalización en Guatemala.
En conferencia de prensa, al término de su estancia, subrayó que se está utilizando el derecho penal para intimidar a quienes combaten la corrupción.
“No voy a emitir un comentario sobre quién debería estar o no estar atemorizado del MP, lo que sí diré es que algunas personas me han compartido sus temores”, expresó.
La criminalización es algo aterrador, nadie quiere encontrarse en esa situación, aseveró la diplomática, quien presentará un informe final de su estancia e intercambios en este territorio centroamericano en junio del año próximo.
Por otra parte, describió que menos del nueve por ciento de los casos que llegan al MP terminan en acusación, resolución o condena, ya que la mayoría son desestimados antes de acceder a los tribunales.
Satterthwaite llegó a la tierra del quetzal el pasado día 12 a solicitud del Gobierno por la criminalización de periodistas, jueces y abogados.
Tras los resultados de las elecciones de 2023, Bernardo Arévalo (actual presidente de la nación) denunció a la titular del MP como la punta de lanza del Pacto de Corruptos para atentar contra las votaciones y la democracia.
La tensión entre ambos escaló en el tiempo, y mientras el mandatario desde enero de 2024 busca remover a la fiscal general, esta afirmó que las acciones de la máxima figura del ejecutivo atentan contra la Constitución.
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