Esa cifra equivale a un promedio por mes de 660 denuncias de casos por ese tipo de violación, en medio de una problemática que es tema de todos los días en el país, añadió el ente de Policía Judicial, citado por dicha publicación.

La crisis por ese delito marcó en marzo su pico más alto de recepción de estas denuncias, con mil 544 casos, precisaron las fuentes.

Para los expertos sobre el tema –opina el OIJ- estas cifras dejan en claro que el cibercrimen ya no es un fenómeno marginal, sino un riesgo sistémico que afecta a la ciudadanía en todos los aspectos.

“Estas cifras obligan a repensar la estrategia: no basta con parches reactivos; se requiere incorporar la gestión de riesgo cibernético en la gobernanza corporativa y en las políticas públicas”, declaró el experto Aldo González.

Según el también director de carrera de Ciberseguridad de la Universidad Internacional Universae, ello requeriría “de métricas claras sobre exposición y respuesta, y atender los planes de continuidad de negocio”.

El aumento sostenido en las estafas por medios digitales –estima González- refleja una creciente vulnerabilidad en la población y en las instituciones públicas y privadas, lo que enciende las alertas sobre la necesidad de contar con profesionales capacitados en seguridad digital.

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