Organizaciones como Cristosal y Acción Ciudadana expresan criterios que indican la normativa aprobada por la Asamblea Legislativa viola artículos de la Constitución y Convenciones internacionales como la Americana de Derechos Humanos y la de Naciones Unidas contra la Corrupción.

La iniciativa aprobada por la mayoría de los parlamentarios afines al gobierno, 57 de 60, es vista por algunos como una forma que puede “reprimir” cualquier denuncia de personas comunes o defensores de derechos humanos.

“Es una ley mordaza, una ley candado, de control, para que las organizaciones, ni las personas, tengan la posibilidad de denunciar, ni de protestar”, aseveró Abraham Ábrego, de Cristosal.

Representantes de las organizaciones estiman que con la nueva normativa no solo se limitará el trabajo de las entidades, sino que muchas se verán obligadas a cerrar.

Al respecto Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, señaló que los artículos 3, 4, 5 y 8 de la nueva Ley de Agentes Extranjeros, que tienen que ver con los sujetos obligados, el quehacer y el registro obligatorio de personas y organizaciones, contravienen al artículo 7 de la Constitución de la República.

Por otra parte, el artículo 7 de la Constitución de la República señala que: «Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación».

Asimismo, el artículo 9 de la nueva Ley, que habla sobre las prohibiciones de los sujetos obligados y “que tiene que ver con la prohibición de actividades, influencia política y alteración del orden público», transgrede el artículo 6 de la Constitución, precisó Escobar.

Otras presuntas violaciones fueron observadas por Cristosal en su análisis jurídico, en el cual aseveró que al prohibir actividades que amenacen la estabilidad política o social, como indica la ley, «se estaría impidiendo investigar actos de corrupción pública, violaciones a derechos humanos y cualquier otro que el Gobierno estime dañino a la estabilidad política».

Además algunos analistas sugieren que el estado no puede ser juez y parte en la ejecución de esta nueva ley, que grava con un impuesto del 30 por ciento las ayudas que reciben las organizaciones no gubernamentales del exterior para desarrollar su labor.

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