En una nueva ofensiva legal que podría redefinir el papel de las redes sociales en el país, la AGU pretende frenar la desinformación, la violencia digital y los daños provocados por la inacción de empresas de tecnología social como Meta y TikTok.

Tal petición ocurre en el contexto de un recurso que analiza la responsabilidad de las plataformas por publicaciones de terceros.

Para la AGU, el comportamiento negligente de estas compañías constituye una violación directa a los principios de prevención y seguridad exigidos por la legislación brasileña.

Entre las denuncias, se citan más de 300 anuncios fraudulentos en redes sociales de Meta, que usaban imágenes manipuladas de funcionarios como el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, para engañar a usuarios con falsas promesas de indemnización por fraudes en el Instituto Nacional de Seguro Social.

También se denuncia el uso indebido del logo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria para comercializar medicamentos no autorizados y se señalan casos trágicos de menores brasileños fallecidos tras participar en desafíos peligrosos en TikTok.

La AGU refuerza su posición con un reportaje del periódico internacional de negocios y finanzas Wall Street Journal, con sede en Nueva York, el cual estima que el 70 por ciento de los anunciantes recientes en Meta promueven estafas o productos irregulares.

Frente a posibles acusaciones de censura, el órgano legal afirma que no busca controlar contenidos legítimos, sino exigir responsabilidad a quienes lucran con la actividad digital.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defiende la urgencia de aprobar una ley que regule el ecosistema digital.

La administración federal intentó avanzar en la Cámara de Diputados con una propuesta que penaliza la desinformación propagada por bots (programas de software que ejecuta tareas automatizadas), y responsabiliza a las plataformas por negligencia.

Sin embargo, la medida enfrenta férrea resistencia de sectores conservadores en el Congreso Nacional.

Para el Ejecutivo, el vacío legal actual permite que la desinformación florezca sin consecuencias, afectando no solo a la democracia, sino también a la salud y seguridad de los brasileños.

Con esta solicitud al STF, el Gobierno busca acelerar un marco legal que obligue a las grandes empresas tecnológicas a actuar con mayor responsabilidad en el ciberespacio.

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