Según el texto, a pesar de que tras una orden de aprehensión emitida contra cinco líderes originarios, estos se presentaron de manera voluntaria y pacífica, fueron esposados de pies y manos y conducidos a un centro de reclusión en espera de una audiencia de garantías.

Se trata de Elivardo Membache, cacique general de las de las Tierras Colectivas en la provincia de Darién; Lucrecia Caisamo, cacica suplente de esta misma región, así como los dirigentes Luciana Caisamo, Enelda Salazar e Isaías Caisamo, agrega el mensaje.

En las redes también circulan vídeos del momento en que conducen a los originarios acusados por la Fiscalía por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales y violencia psicológica, luego de un altercado la semana pasada con la Policía en medio de una protesta, donde una uniformada fue secuestrada momentáneamente.

A juicio del Ministerio Público, la acción establece la presunta vinculación de los dirigentes indígenas con la detención temporal de la cabo primero Ines Guainora en la comunidad de Arimae (Darién), en medio de protestas contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos, que atenta contra la soberanía nacional, según los manifestantes.

Los indígenas denuncian que sus líderes fueron tratados como delincuentes, en un acto que consideran desproporcionado, injustificado y profundamente irrespetuoso.

También hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes, organismos de derechos humanos y a la comunidad nacional e internacional, para que se garantice la integridad física y emocional de los lideres indígenas, así como el respeto a los derechos colectivos e individuales de los pueblos autóctonos, remarca el mensaje.

El Congreso General de Tierras Colectivas Emberá y Wounaan rechazó la orden de la Fiscalía y la calificó como una medida para “perseguir políticamente” a la población que se mantiene en protesta.

Desde el pasado 23 de abril, gremios docentes protagonizan manifestaciones y una huelga indefinida para demandar se derogue la nueva norma sobre las pensiones a los que se han sumado constructores, universitarios, indígenas, abogados independientes y mujeres.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha reiterado en sus conferencias de prensa de cada semana que descarta la vía del diálogo con los manifestantes y asegura que la ley no será revisada.

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