En la edición 21 del Informe Anual de la Asociación Antígona, fundada en 1991 con el propósito de proteger los derechos de las personas privadas de libertad, se precisa que el pasado año se quitaron la vida en los penales un total de 91 personas, la cifra más alta desde que se inició la elaboración de estos documentos.

A esas muertes se suman las 33 ocurridas por esa causa entre enero y mayo de 2025, lo cual muestra que se mantiene una tendencia hacia el incremento de las mismas, apunta el análisis divulgado en el sitio digital televisivo del canal televisivo Sky TG24.

Por otra parte, el parte destaca que 2024 “también pasará a la historia como el año con el mayor número de muertes en prisión en general, con un total de 246 personas que perdieron la vida durante su detención”.

En la relación de suicidios ocurridos en cárceles durante ese año se incluyen cuatro mujeres, que se quitaron la vida en los presidios de Bolonia, Turín, Mantua y Milán Bollate, mientras que la edad media de los fallecidos es de 41 años y 56 de los mismos eran extranjeros, para un 45,2 por ciento del total.

De acuerdo con ese estudio, los centros penitenciarios con más casos de suicidio están sobrepoblados, y la situación es particularmente grave en el de Nápoles Poggioreale y en el de Verona, con seis suicidios en cada uno desde el año pasado.

En sentido general, de acuerdo con los datos obtenidos por los analistas de esa organización, se contabilizaron unos 62 mil reclusos en las cárceles italianas, cantidad que sobrepasa la capacidad de las mismas, que se calcula en 51 mil 280 plazas.

De las 189 prisiones con que cuenta este país, solo 36 no están superpobladas, mientras que 58 presentan una tasa de hacinamiento igual o superior al 150 por ciento, con una situación muy crítica en algunas, como la de Milán San Vittore, Foggia y Lucca, con excesos de ocupación del 220, 212 y 205 puntos porcentuales, respectivamente.

“El número de reclusos aumenta en unas 300 unidades cada dos meses”, precisaron los expertos de Antigona, por lo que “para contrarrestar este crecimiento, se necesita construir seis cárceles al año, con un costo de unos 180 millones de euros, sin contar el personal”.

Es significativo el hecho de que este hacinamiento también afecta a los centros penitenciarios para menores, donde hay 611 jóvenes detenidos, incluidas 27 niñas, “un récord histórico de características preocupantes si consideramos que a finales de 2022 había 381 personas” y el 65 por ciento de los menores están detenidos sin sentencia firme.

Patrizio Gonnella, presidente de Antigona, expresó al presentar este reporte que, ante esta compleja situación, “es necesario que nunca se cuestione la necesidad de proteger siempre la dignidad de todas las personas privadas de libertad”.

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