“En la gestión 2025 ya vamos incautando más de 120 mil litros, 125 vehículos incautados y 107 personas”, aseguró en entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez.
Al comparar los resultados de las medidas de control a la comercialización de combustibles durante el año en curso con los de todo el año 2024, informó que en esa etapa solo fueron intervenidas ocho estaciones de servicio de gasolina y diésel, así como una de gas natural vehicular (GNV) y 42 cisternas.
Describió la autoridad que quienes incurren en este delito acopian carburantes en bidones, para luego trasladarlos escondidos en buzones, parrillas de vehículos y dobles tanques.
El 24 de mayo último, el presidente Luis Arce en una intervención junto a varios ministros anunció 11 medidas y siete decretos para garantizar combustibles y alimentos a la población, bajo la divisa de proteger la mesa y el bolsillo de las familias bolivianas.
Desde entonces, los militares custodian las estaciones de servicio y reforzaron su presencia en las zonas fronterizas para combatir el denominado contrabando a la inversa (traslado ilegal de hidrocarburos y alimentos hacia países vecinos, donde los comercializan a precios varias veces más caros).
“Todas estas actividades ahora están enlazadas -sostuvo Jiménez-, con lo que son las Fuerzas Armadas, la Aduana Nacional y Sustancias Controladas. La ANH tiene una mayor presencia en puntos específicos donde se pueda generar alguna actividad ilícita. A estos puntos los llamamos áreas de riesgo o fronterizas”.
Informó que desde el viernes último hay control en 21 puntos estratégicos.
Según la ANH, entre 2021 y 2024 más de 417 personas fueron aprehendidas por actividades ilícitas relacionadas a la carga irregular de combustibles.
“Las 107 personas (aprehendidas este año) pasaron a lo que es el Ministerio Público, tienen que establecer y justificar estas actividades”, precisó.
De acuerdo con la legislación vigente, 120 litros de combustible es el límite que cada persona puede comprar fuera de los tanques en las estaciones de servicio.
Se exceptúa a quienes justifiquen su uso productivo y demuestren su tenencia legal.
El Código Penal Boliviano especifica que el almacenamiento, comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y gas licuado de petróleo son delitos, y tienen una pena privativa de libertad de entre tres y seis años.
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