En un documento hecho público, la Cedes urgió al gobierno a que abandone la actitud de criminalizar la acción de activistas pro inmigrantes y defensores del medio ambiente y los derechos humanos.
Los obispos clamaron por la revisión inmediata de los casos de personas detenidas por ejercer la defensa de derechos humanos, y calificó la acción del gobierno como “estrategia de terror” para evitar críticas a la gestión oficial.
Los líderes religiosos rechazaron la utilización de El Salvador como «cárcel internacional” para deportados, y advirtieron que esta práctica daña la reputación del país y expone a la población a riesgos.
La carta pastoral pidió la derogación de la Ley de Minería —aprobada en 2024— por sus impactos irreversibles en el medio ambiente y exigió la protección para ambientalistas, la reforestación y el saneamiento de ríos con participación activa de las comunidades.
Finalmente, el documento instó al gobierno a priorizar el bien común, y retomar el legado de figuras como San Óscar Romero.
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