Los responsables de estas instituciones lamentaron la inexistencia de mecanismos adecuados de financiación pública, la de instructores cualificados y un nivel muy bajo de participación del sector privado.

Acusaron de desviarse de su misión al Instituto Nacional de Formación Profesional, el cual debía regular el sector según el decreto-ley de 14 de marzo de 1985.

Los directores denunciaron la falta de información fiable sobre las necesidades del mercado de trabajo que impide que los centros de formación adapten sus programas.

«No existe una relación formal y sistematizada entre los centros de capacitación y las cámaras de comercio, a pesar de que son ellas las que están en contacto directo con las necesidades de las empresas locales», lamentó el diario Le National.

En la práctica, solo el 34 por ciento de los graduados de formación técnica y profesional están empleados, y de estos, el 26 por ciento tiene un empleo asalariado, mientras que solo el ocho por ciento es autónomo.

ro/joe