El pasado 3 de junio el órgano legislativo aprobó en la sesión ordinaria la propuesta a esta iniciativa del gobierno de China, calificada por la Cancillería de “poderosa herramienta multilateral” que busca solucionar conflictos a través de la mediación.

“Marca un punto de inflexión en la construcción de un nuevo orden mundial justo, pacífico, multicéntrico y pluripolar”, subrayó entonces el Ministerio para las Relaciones Exteriores en un comunicado.

Este jueves el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez valoró el significado que tiene para la República Bolivariana incorporarse a ese nuevo organismo multilateral, al preservar los más altos intereses nacionales.

El legislador reflexionó sobre la manera en que actúan hoy instituciones de las Naciones Unidas encargadas de la defensa de los derechos humanos y cuestionó la catadura moral del Alto Comisionado de los DDHH que “no ha dicho absolutamente nada de los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador”.

Asimismo, dijo que no ha dicho nada y se hecho el de la vista gorda ante uno de los crímenes más grave cometidos contra la humanidad en la Franja de Gaza, donde más de 70 mil personas murieron, entre ellos miles de niños indefensos, además de mujeres.

Rodríguez apuntó que ninguno de esos organismos internacionales salió a defender la humanidad y la vida de esos niños, de los periodistas y médicos, que el régimen israelí bombardeo en Gaza

“Es vergonzante cómo el Alto Comisionado, no sé en qué parte será alto, si en estatura física, porque en cuanto a catadura moral habría que nombrarlo el bajo Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas”, expresó.

Salgamos de todos los instrumentos que tiene el imperialismo norteamericano, supuestamente mediadores, comisiones de derechos humanos, a ellos no les importa, opinó Rodríguez.

En su artículo dos la Ley Aprobatoria de la Convención excluye aspectos claves relacionados con las controversias relativas a los intereses vitales de la nación como la independencia, soberanía territorial, delimitación marítima e intereses marítimos, entre otras cuestiones relativas al territorio de la República y el ejercicio de dicha soberanía.

En correspondencia con el artículo 213 de la Constitución nacional, el nuevo instrumento fue remitido al presidente Nicolás Maduro para su promulgación.

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