La ratificación fue aprobada al cabo de una agotadora jornada de discursos que comenzó con la exposición del primer ministro, Eduardo Arana, quien fundamentó su pedido de confianza que necesitaba para que el gabinete siga en funciones.
La solicitud fue aprobada por bancadas afines al Gobierno que, pese a considerarse críticas del Ejecutivo, coincidieron en priorizar la estabilidad, con miras a los comicios generales de 2026.
La decisión fue tomada con los votos de 62 congresistas, menos de la mitad de los 130 legisladores, pero también por una pobre mayoría de los presentes, pues hubo 30 votos en contra y 10 abstenciones.
El primer ministro recibió críticas y expresiones de insatisfacción por el desempeño de un gabinete ministerial con muy pocos cambios respecto al desgastado e impopular elenco anterior, caído por la censura parlamentaria al expremier Gustavo Adrianzén.
Arana expuso diversos proyectos contra el desborde criminal que a algunos legisladores sonaron como un excesos de optimismo, porque al gobierno le queda menos de un año de vigencia.
El expositor indicó que su primera prioridad es la lucha contra el crimen organizado, a la cual llamó a sumarse a todos los sectores políticos y sociales.
Añadió los objetivos de impulsar la inversión y el empleo para el crecimiento económico, en el marco del modelo neoliberal vigente desde hace más de tres décadas, y garantizar las elecciones generales de abril de 2026.
El primer ministro mencionó recientes golpes a organizaciones delictivas y afirmó que en mayo pasado hubo seis megaoperativos y más de 70 mil intervenciones con un saldo de casi 20 mil detenidos.
Anunció además el fortalecimiento de inteligencia policial; medidas de prevención del delito; control territorial estratégico y combate al crimen organizado y al crimen transnacional.
También dijo que habrá un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial en 107 comisarías de zonas de alta incidencia delictiva a nivel nacional, que permitirán detectar delitos en tiempo real e identificar biométricamente a los delincuentes.
Mencionó el reforzamiento de la inteligencia policial con nuevos recursos tecnológicos, y la lucha contra el lavado de dinero, cuya magnitud se mide en que la Unidad de Inteligencia Financiera reportó entre 2022 y 2025 operaciones sospechosas por más de dos mil 800 millones de dólares.
Arana anunció un programa de construcción o ampliación de prisiones, un sistema de detección y aislamiento de extranjeros ingresados ilegalmente al país, así como un programa por el cual los delincuentes foráneos puedan cumplir sus condenas en sus países.
También, el envío temporal de delincuentes de alta peligrosidad a El Salvador, lo que dio pie a que un parlamentario se pregunte si Perú no es capaz de controlar a sus delincuentes.
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