En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario subrayó que todos los menores tienen ese derecho y “nosotros, como administración, estamos responsabilizados a otorgarlo”.

La ausencia de los maestros en las escuelas –señaló el jefe de Estado- está afectando a miles de niños que desean seguir estudiando, por lo que las autoridades del sector seguirán tomando medidas legales en respuesta a las acciones del STEG.

Arévalo recordó que se propusieron varias iniciativas luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) obtuviera amparos provisionales, con los cuales se busca restituir inmediatamente el derecho a la educación.

“Por eso estamos actuando con las herramientas que la ley nos da, reconocemos también a todos aquellos miles y miles de maestros que en ningún momento abandonaron las aulas y que son la enorme mayoría en el país”, remarcó el político de 67 años.

Mencionó además que la cartera encargada levantó más de cinco mil 600 actas en contra de los maestros sin presentare a cumplir con sus obligaciones, para emitir luego sanciones administrativas.

“La educación no puede ser moneda de cambio ni sacrificarse bajo el pretexto de reivindicar derechos sindicales”, afirmó el titular de la PGN, Julio Saavedra.

Presentamos nueve acciones constitucionales de amparo para proteger ese derecho de la niñez guatemalteca, describió el funcionario.

Estas medidas –acotó- persiguen evitar cierres y suspensiones de clases ordenadas por sindicatos que incumplen la ley y afectan a toda una generación.

Autoridades indígenas de Guatemala pidieron la víspera al STEG respetar el derecho de los niños, mientras manifestaron su preocupación porque muchas escuelas permanecen cerradas (alrededor de cinco mil, según medios locales de prensa).

El Ministerio de Educación explicó que “la educación no puede ser rehén de intereses particulares”, ante la presión de un líder sindical (Joviel Acevedo) vinculado con la corrupción y que pactó dádivas con las gestiones anteriores.

La ministra de la cartera, Anabella Giracca, denunció intimidaciones contra una directora departamental (Miriam Orozco), quien verificaba los centros educativos que se encuentran cerrados en su demarcación.

Autoridades ampliaron que el Sindicato nunca planteó un alza salarial del 15 por ciento en las negociaciones sostenidas y revelaron que la lucha no es económica, sino porque quiere mantener la rectoría del organismo.

oda/znc