Según apuntó en rueda de prensa, antes de que su entidad tome una decisión, se pedirá a un concepto sobre el ejercicio de participación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y se requerirá a las altas cortes que emitan un pronunciamiento sobre las diferentes demandas interpuestas hasta la fecha en contra del proceso.

“Lo que procede en esta controversia que no tiene antecedente ni precedente en el país, (…) es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con la convocatoria”, expresó.

Aseguró además que remitirá copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación para que, según expuso, ofrezcan “luces a ver si seguimos o no con el trámite de esta convocatoria”.

De esta manera, mientras no se resuelvan los requerimientos expuestos por Penagos, cualquier llamado a las urnas queda al parecer detenida. A juicio del funcionario, como la realización de la consulta popular costaría alrededor de 750 mil millones de pesos (unos 187 millones de dólares al cambio actual), es preciso contar antes con los criterios que avalen su puesta en marcha.

Consideró también Penagos que “no es posible realizar todos los procesos de planeación y logística para convocar una consulta en 53 días” y que su entidad necesitaría al menos tres meses para su organización.

Según estiman analistas, la primera decisión de los tribunales será dirimir si es la Corte Constitucional o el Consejo de Estado la institución competente para analizar el decreto antes de proceder a emitir un criterio.

El presidente Gustavo Petro firmó el pasado 11 de junio el decreto de convocatoria para la consulta popular impulsada por su Gobierno con el fin de introducir cambios en la legislación laboral del país.

En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, el mandatario aseveró que solo se derogaría si se aprueba una reforma laboral favorable para la clase obrera por el Congreso, que justo ahora se centra en los puntos más polémicos de ese proyecto de ley.

La pugna entre Ejecutivo y Senado tiene que ver con las modificaciones aplicadas al texto durante su tránsito por la Comisión Cuarta, y que difieren del contenido al que la Cámara de Representantes dio su anuencia en octubre del pasado año.

El Gobierno manifestó su intención de convocar a las urnas el próximo 7 de agosto, cuando se celebran los 206 años de la Batalla de Boyacá.

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