La víspera, la plenaria del Senado avaló la reforma laboral que en esta instancia quedó con 70 artículos, frente a los 81 que salieron de la Cámara en octubre del pasado año.
Además de la cifra, hay diferencias sustanciales en el contenido, por lo cual la comisión de conciliación, integrada por un número igual de senadores y representantes, tendrá una ardua tarea por delante.
Después de discutidas las divergencias, se buscará elaborar un texto que satisfaga a ambas partes y cuente con la anuencia de la mayoría de los miembros del comité.
Posteriormente, la comisión presenta un informe a cada cámara con el proyecto ya conciliado, que debe ser aprobado en ambas instancias. Si una de ellas no le da luz verde, el texto se considera hundido.
El gran inconveniente de la reforma laboral es que ese proceso debe concluir a más tardar el próximo viernes, fecha en la que termina el actual periodo de sesiones.
El proyecto que salió del Senado satisfizo en buena medida las exigencias del Gobierno.
La jornada máxima legal se fijó en ocho horas diarias y 42 semanales, con flexibilidad para distribuirla entre cinco y seis días, y se logró establecer un contrato laboral para los integrantes del Servicio Nacional de Aprendizaje.
Por otra parte, el recargo por trabajo dominical y festivo ascendió al 100 por ciento sobre el salario ordinario, implementándose gradualmente: 80 por ciento desde julio de 2025, 90 por ciento en 2026 y 100 por ciento en 2027.
También se eliminó el contrato parcial o por horas, definido previamente por el presidente Gustavo Petro como una forma de neoesclavismo.
El Ministerio de Trabajo celebró el suceso, al que calificó como un avance histórico que garantiza empleo digno, decente y con derechos para millones de colombianas y colombianos.
“Esta reforma fortalece la estabilidad laboral, protege a mujeres, jóvenes y trabajadores/as informales, y recupera la dignidad del empleo como pilar de justicia social”, manifestó en un comunicado esa cartera.
Según el presidente Gustavo Petro, hasta tanto no culmine el proceso de conciliación entre Cámara y Senado no desistirá de impulsar la consulta popular que convocó por decreto.
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