Los manifestantes impiden el paso de los vehículos, por lo cual –según imágenes en redes sociales- se observan largas filas en la carretera que conduce a LA Franja Transversal del Norte y el sitio arqueológico Tikal, del vecino Petén.

Medios locales reportaron que, al principio, el bloqueo estaba en el barrio La Báscula, en Río Dulce, pero luego decenas de inconformes se trasladaron a San Antonio Sejá.

Pertenecen a 54 comunidades de Lívingston quienes tomaron la vía como medida de presión para que los ministros de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cancelen la explotación minera en la Sierra Santa Cruz, zona de alta riqueza natural y cultural.

Los líderes aseguraron que buscan proteger el territorio, pues los proyectos fueron autorizados durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024) sin consulta previa ni consentimiento de los afectados, muchos de ellos de origen indígena.

Anunciaron que continuarán en el lugar de forma indefinida hasta obtener una respuesta directa de las autoridades correspondientes, mientras aclararon solo permitirán el tránsito de vehículos de emergencia.

En la región operan empresas como la canadiense Rio Nickel S.A., la nacional Mayaníquel S.A. y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Hace dos días delegados de las comunidades Q’eqchi, mestizas y garífunas esperaban recibir un informe de los ministerios implicados como se acordó en reunión del 23 de mayo último, pero las autoridades no llegaron.

El MARN informó que el 24 de abril pasado asistió a una citación de diputados distritales de Izabal para escuchar las preocupaciones de esas comunidades y se comprometió a inspeccionar los 10 proyectos mineros (dos de explotación y ocho de exploración).

El 16 de junio enviamos las conclusiones a todas las partes interesadas, expuso el organismo; sin embargo, los pobladores insisten en que los titulares no se han presentado a la mesa de diálogo.

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