Según un comunicado de ese gremio que lideró protestas y paros en reclamo de una norma con beneficios para un sector clave en la economía del territorio, además del turismo, desde el inicio de las negociaciones con el Gobierno, —que concluyó con la aprobación de la Ley 45—, los afiliados despejaron las vías.

También detalla que los operadores de la industria del plátano durante estos eventos se han resguardado en locales y casas comunales en espera del cumplimiento de las siguientes fases de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.

La víspera, personas encapuchadas ajenas a las manifestaciones pacíficas irrumpieron en las instalaciones del Aeropuerto de Changuinola, destrozando vidrieras y dañando vehículos de particulares que se encontraban en los estacionamientos.

Además ocasionaron destrozos en el estadio Calvin Byron y en las instalaciones de la empresa bananera Chiquita Panamá.

Desde el 14 de junio la Policía Nacional realiza la operación Omega que busca despejar los bloqueos de carreteras, pero en la jornada en sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete se decretó el estado de urgencia para toda la provincia.

Aunque el término “estado de urgencia” no figura literalmente en la Constitución panameña, la figura sí está contemplada bajo la posibilidad de suspender o restringir garantías fundamentales, de acuerdo con el artículo 55 de la Carta Magna, en casos de guerra, calamidad pública o grave perturbación del orden.

Tal declaración implica que se podrá limitar temporalmente el ejercicio de ciertos derechos constitucionales como restricciones a la libertad de tránsito, mayor presencia y acción de fuerzas de seguridad, controles en el ingreso y salida de personas y eventualmente, detenciones sin orden judicial bajo ciertos parámetros legales.

Hasta el momento, el gobierno no ha detallado si el toque de queda decretado para menores el pasado viernes 13 de junio, se extenderá a toda la población, ni qué garantías quedarán formalmente suspendidas.

La actual medida- criticada por algunos diputados, exmagistrados y sindicalistas por cercenar la vía del diálogo y propiciar mayor represión policial- deja abierta la posibilidad de aplicar acciones progresivas conforme a la evolución de los hechos.

El estado de urgencia, según explicó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en conferencia de prensa y rodeado de otros titulares de las diferentes carteras, tendrá una duración de cinco días.

En el decreto, la administración del presidente José Raúl Mulino advirtió que los hechos ocurridos la víspera “son inaceptables y no representan una protesta legítima pues se trata de acciones criminales que amenazan la paz social, afectan a los ciudadanos y perjudican gravemente la economía de la provincia”.

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