Difundido este viernes, el reporte ubica al Estado Plurinacional en el puesto 141 de 142 países en el índice global de ausencia de corrupción, por lo cual Saravia puso en tela de juicio a esa ONG y la metodología utilizada.
“Nosotros negamos enfáticamente lo manifestado dentro de ese informe (…), hemos sido evaluados constantemente como ministerio por organismos y entidades que cumplen con una metodología y la información clara (…)”, sostuvo.
Advirtió sobre ese documento, que Bolivia ni siquiera conoce la metodología, lo cual genera muchas dudas.
Opinó que el informe del WJP, realizado desde afuera y de manera “unilateral”, está totalmente alejado de la realidad debido a que no se tomó en cuenta los datos del Gobierno boliviano.
Recordó la ministra que Bolivia fue evaluada en 2024 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual calificó como una instancia oficial y seria.
“Según los estándares del OCDE -enfatizó la titular-, sobre el conflicto de intereses Bolivia cumple con el ciento por ciento de las salvaguardas regulatorias y ha implementado 78 puntos porcentuales en la práctica.
Al referirse a la información pública (incluye el acceso a la información y a datos abiertos) informó que la OCDE determinó que Bolivia cumple, en promedio, el 64 y el 65 por ciento, respectivamente.
Subrayó, asimismo, que el OCDE reconoció que Bolivia cumple con “diferentes indicadores”, como tener un marco estratégico anticorrupción, la rendición pública de cuentas y otros mecanismos “que fortalecen la prevención de la corrupción y para mitigar los riesgos en materia de corrupción”.
En tal sentido, Saravia informó que, hasta la fecha, el Viceministerio de Transparencia tramita más de 900 causas en materia de lucha contra la corrupción, aunque solo se consiguieron poco más de 50 sentencias.
Recordó, igualmente, la implementación del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (Sitpecro) para que la ciudadanía pueda presentar sus denuncias.
“Tenemos un compromiso, pero además un mandato, de no permitir la corrupción en el Estado”, ratificó la titular.
Sobre esta base, la ministra recién nombrada tras la dimisión el viernes último del anterior, César Siles, investigado en el denominado caso Consorcio por presunta injerencia desde su cargo gubernamental en el Órgano Judicial, Saravia reafirmó que se continuará trabajando para eliminar ese tipo de actividades ilícitas y castigar a los responsables.
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