La decisión del Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, establece cinco días de esta condición en la que serán suspendidas las garantías constitucionales de esa población para garantizar el orden público y la paz, aseguró en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

La acción es criticada por los manifestantes y organizaciones populares que denuncian el inicio de una brutal represión policial, catalogada por algunos como masacre y que comparan con la ocurrida en la localidad de Changuinola, en ese territorio occidental, en 2010.

Para Orillac, la medida que restringe movimientos y reuniones de grupos delictivos, ajenos a la protesta pacifica, pretende frenar la ola de saqueos y actos vandálicos de las últimas 24 horas protagonizados por personas que se infiltran en las manifestaciones.

Según el comunicado oficial del Ejecutivo, en el noroccidental territorio fronterizo con Costa Rica hubo saqueos en instalaciones públicas como el aeropuerto Manuel Niño, el estadio de béisbol Calvin Byron, el Sistema de Protección Civil, comercios y en la empresa bananera Chiquita Panamá, entre otras.

También subrayó que estos hechos son inaceptables y no representan una protesta legítima. Se trata de acciones criminales que amenazan la paz social, afectan a los ciudadanos y perjudican gravemente la economía de la provincia.

En ese sentido, señaló que «hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños», luego de actuar «con paciencia y mesura», al tiempo que advirtió sancionar a quienes promueven esos actos.

El conflicto social en Bocas del Toro se mantiene activo desde finales de abril, impulsado por protestas contra las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, bloqueos de vías, huelgas y enfrentamientos que han afectado al turismo, la economía y los servicios esenciales en la región.

El Gobierno puso en marcha desde el pasado sábado 14 de junio, la operación Omega en esa provincia y la vecina Chiriquí con el objetivo de reabrir las vías bloqueadas.

Esta tarde, integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida marcharán hacia el legislativo para presentar sus reclamos, entre los cuales también sobresale el rechazo a un acuerdo suscito con Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares, que estiman lesivo a la soberanía nacional.

Por su parte, gremios docentes anunciaron que mantendrán una huelga indefinida iniciada el pasado 23 de abril, debido a que sigue vigente la norma que regula las pensiones.

Este pronunciamiento se dio luego de una reunión entre la Iglesia católica, las asociaciones de profesores y un grupo de delegados del sector empresarial.

Al respecto, el dirigente de la Asociación de Profesores, Fernando Ábrego, indicó que la conducta polarizada del Ejecutivo va a llevar a este país a una profunda crisis que nosotros no queremos. El diálogo es la vía y así lo han manifestado a la empresa privada, a varios diputados con los que hemos conversado y la ciudadanía en general», señaló.

El líder gremial cuestionó que, hasta la fecha, el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta concreta para atender las demandas sociales sobre la Ley 462.

“La única postura que han sostenido es la no derogación. Ni siquiera están dispuestos a revisar artículos específicos, mientras que el resto de las voces del país piensa distinto al presidente ”, subrayó.

Además enfatizó que esta lucha no es solo del sector docente, sino que cuenta con el respaldo de padres de familia, estudiantes y movimientos sociales.

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