De acuerdo con un nota oficial de Palacio de las Garzas(sede del Ejecutivo), la situación en el noroccidental territorio, que depende del turismo y la industria bananera, “ha escalado peligrosamente en las últimas horas”.

También señala que el Ejecutivo ha actuado con paciencia y mesura, sin embargo, ante la ruptura del orden y los actos de violencia sistemática, “el Estado hará valer su mandato constitucional de garantizar la paz, el orden y el respeto a los derechos fundamentales de la mayoría de los panameños”.

“No podemos seguir permitiendo que sectores políticos irresponsables utilicen a la población como instrumento de presión, fomentando el caos y luego presentándose como falsos mediadores”, subrayó el texto.

Con ese escenario se han reportado actos de violencia perpetrados por grupos radicalizados y elementos delictivos que han infiltrado las manifestaciones” con las reformas a la Caja de Seguro Social.

Como ejemplo de esa situación citó que grupos violentos protagonizaron actos criminales que atentan contra el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática.

De acuerdo con el Ejecutivo, se registró el incendio parcial del estadio Calvin Byron, poniendo en riesgo la vida de miembros de la fuerza pública y se vandalizaron y saquearon instalaciones privadas, incluyendo oficinas de la empresa Chiquita Panamá.

Además señalaron que se tomaron instalaciones del aeropuerto de Changuinola, sustrajeron vehículos de empresas de alquiler y pertenencias de las oficinas de la terminal.

“Estos hechos son inaceptables y no representan una protesta legítima. Se trata de acciones criminales que amenazan la paz social, afectan a los ciudadanos y perjudican gravemente la economía de la provincia”, destacó el Gobierno.

En ese sentido, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció a través de su cuenta en X que ha convocado para esta tarde a sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, con el propósito de analizar y adoptar las acciones constitucionales.

A esta coyuntura se suma una medida anunciada por la gobernadora de Bocas del Toro, Marcela Madrid, quien informó la suspensión de la jornada laboral para este viernes.

Esta decisión aplica a los colaboradores de instituciones públicas, con el objetivo de salvaguardar su seguridad e integridad física de la población y

excluye a las entidades que prestan servicios esenciales, como salud, agua potable, seguridad y otras áreas críticas, según precisó.

Durante las últimas semanas, el conflicto en Bocas del Toro se ha intensificado debido a protestas, huelgas y bloqueos en vías, lo que ha afectado gravemente al turismo, la economía y el acceso a servicios esenciales en la región.

En conferencia de prensa, la víspera, el jefe de Estado pidió ‘cooperación’ a la ciudadanía de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.

“Les pido a todos esos moradores que cooperen para que esos centros de tranque se despejen y retomemos la calma, el orden y la tranquilidad’, remarcó.

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