Vocero de las organizaciones sindicales y gremiales que integran el colectivo, Yamir Córdoba, de los obreros de la construcción, precisó que la caminata partirá desde el parque Urracá, en esta capital, hasta la Plaza 5 de mayo, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional (parlamento) donde presentarán sus reclamos.

Los manifestantes también rechazarán un acuerdo suscrito en abril entre el Gobierno de José Raúl Mulino y Estados Unidos que permite el establecimiento de bases militares y el ingreso de tropas de ese país, lo cual estiman lesivo a la soberanía nacional y violatorio del Tratado de Neutralidad.

También se opondrán a la reapertura de una mina de cobre en Donoso (Colón) , pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023 que ordenó el cierre de sus operaciones.

Los participantes en la concentración también denunciarán la persecución y encarcelamiento de lideres sindicales, asi como la represión judicial y policial de las protestas en la occidental provincia de Bocas del Toro y los abusos contra comunidades originarias en la localidad de Arimae (Darién).

La víspera, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) rechazó los intentos de los organismos de seguridad por evadir sus responsabilidades ante los ataques criminales, y violar los derechos humanos y abusos de autoridad cometidas contra la población originaria.

La Coonapip rechazó que invocando a la «obediencia debida» al mandato del presidente de la República, reprimen a un pueblo indefenso que lucha por su bienestar colectivo.

“Panamá está empantanada por la terquedad del Presidente que cree ser dueño de la verdad, negándose a un diálogo franco y constructivo”, indicó la agrupación en su comunicado.

Sin embargo, la víspera, en conferencia de prensa, Mulino descartó atender la demanda de derogación de una ley que reformó el sistema de seguro social, la principal reivindicación de los sindicatos y otros sectores sociales en huelga desde hace 57 días.

El jefe de Estado fue enfático al afirmar que tampoco refrendará modificaciones a la polémica legislación, en caso de que sean aprobadas por el Legislativo que reinicia sesiones ordinaria el 1 de julio para buscar una salida al prolongado conflicto.

De otra parte, refiriéndose a los gremios docentes, afirmó que solo tienen una opción, reanudar las clases, suspendidas por la huelga desde el pasado 23 de abril, y les advirtió que serán sancionados por los daños causados a la educación. Además destacó que al no existir actualmente procesos de arbitraje internacional contra el país por el cierre de la mina de Donoso, podrían iniciarse conversaciones con la trasnacional canadiense First Quantum, aunque aseveró que se trata de un tema muy complicado y de muchas aristas que deben replantearse.

La decisión se tomará en función del interés nacional, según expresó y agregó que quería un acuerdo con el Estado ejerciendo su propiedad legítima de esa tierra, de esos recursos minerales y del derecho a explotarlos como país, no a través de terceras personas.

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