El Frente de Acción Magisterial (FAM) precisó que para el comienzo del segundo trimestre del curso lectivo los educadores no acudirán a las escuelas públicas, este lunes, pese a las amenazas de la ministra del ramo, Lucy Molinar, quien anunció que los profesionales que se ausenten por motivos políticos serán reemplazados.

La funcionaria hizo antes un nuevo llamado a los docentes que se mantienen en paro, para que retornen a clases y precisó que quienes así lo hagan no serán sancionados ni despedidos a partir de la fecha de su retorno.

También destacó que el derecho de los alumnos a recibir educación es prioritario, por lo que es responsabilidad de todos garantizar la continuidad del aprendizaje.

Para el coordinador del FAM, Alberto Díaz, cualquier llamado al respecto del Ministerio de Educación (Meduca) se trata de una provocación y negación de la realidad que vive el país.

Según explicó Díaz, no existen condiciones morales, éticas, ni humanas para volver a los planteles en un momento donde el Estado, en lugar de escuchar al pueblo, responde con represión brutal, arrestos arbitrarios, criminalización de la protesta y amenazas a miles de trabajadores del sector.

Díaz indicó que volver a clases bajo estas circunstancias sería traicionar la lucha que sostienen en las calles desde el pasado 23 de abril.

Además, indicó que sería legitimar una ley impuesta de espaldas al soberano, que condena a las futuras generaciones a la privatización de la seguridad social, la liquidación del sistema solidario y pensiones de miseria.

El líder de la FAM sostuvo que “mientras haya docentes perseguidos, pueblos reprimidos y una ley injusta como la Ley 462 impuesta por la fuerza, no volveremos. Enseñar no es obedecer órdenes injustas. Educar no es callar ante el abuso”, remarcó.

También el secretario general de la Asociación de Profesores, Fernando Ábrego, comentó que para salir de la crisis el diálogo es la vía y así lo han manifestado, pero la única postura que ha sostenido el Ejecutivo es negarse a revisar la norma sobre pensiones.

Además, enfatizó que esta lucha no es solo del sector docente, sino que cuenta con el respaldo de padres de familia, estudiantes y movimientos sociales.

Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, Mulino ratificó ante la prensa su rechazo a dialogar sobre cualquier reforma a la Ley 462 e incluso adelantó que no revisaría la norma.

En tanto, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien ha liderado reuniones convocadas para propiciar acercamientos entre los docentes, los diputados y la empresa privada, reiteró la víspera a las partes en conflicto la necesidad de acudir a la sensatez y al diálogo responsable.

Ulloa se refirió en su habitual homilía al estado de urgencia decretado por el Gobierno en la provincia de Bocas del Toro, centro de actos vandálicos, según las autoridades y subrayó la necesidad de las pláticas para proteger la democracia, porque afirmó que la nación no se construye desde el odio ni desde el miedo, sino desde la unidad, la verdad y la participación activa.

Mientras, el coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, instó a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de la Cruz Roja para que respalden que se ponga fin al uso ilegítimo de la fuerza y se protejan libertades fundamentales que el Ejecutivo cercena en el occidental territorio, cual escenario de ensayo para aplicarlo en todo el país.

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