“Considerando los antecedentes, si no existe una solicitud de asilo, ningún obstáculo legal ni alguna observación, en un máximo de dos semanas Murillo ya debería pisar suelo boliviano”, afirmó Condori.

El rostro más visible de la represión contra los sectores populares que reclamaban el retorno del orden constitucional tras el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales en 2019, fue liberado el viernes último de una cárcel federal en Estados Unidos y trasladado a un centro de migrantes en Florida.

Los bolivianos esperan su retorno debido a los procesos judiciales que enfrenta por masacres como las del Pedregal, en La Paz, Senkata, en El Alto, y Sacaba, en Cochabamba, con saldo de 37 muertos, cientos de heridos y miles de apresados y torturados.

Murillo fue condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de prisión por conspiración para lavar dinero procedente de sobornos, en el contexto de un caso de corrupción relacionado con la adquisición de material antidisturbios que involucró a una empresa estadounidense.

Respecto a su posible deportación, Condori explicó que se manejan varios escenarios. Uno de ellos prevé que el Gobierno estadounidense lo deporte directamente a Bolivia, sobre la base de sus antecedentes penales.

Sin embargo, la autoridad advirtió que la defensa de Murillo podría alegar solicitud de asilo político o pedir que sea deportado a un tercer país.

“En el primer caso, -comentó el procurador-, tendría que demostrar razones válidas para el asilo, lo cual no corresponde, ya que no se trata de un tema político ni de persecución”.

Sobre la segunda opción, opinó que solo sería posible si Murillo tuviera una segunda nacionalidad, lo cual no está registrado.

Tribunales bolivianos sentenciaron a Murillo dentro de los casos Gases Ecuador y Gases Lacrimógenos; por el primero, recibió una sanción de cinco años y por el otro una condena de ocho.

Igualmente, esta exautoridad enfrenta cargos por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, entre otros.

Según Condori, el Estado boliviano, a través de sus instancias diplomáticas y de la Procuraduría, ha informado formalmente al Departamento de Estado norteamericano sobre las causas y sentencias pendientes.

Bolivia extraditó el 12 de diciembre último hacia Estados Unidos al excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico Maximiliano Dávila desde la prisión de San Pedro, donde el excoronel se encontraba en la condición de arrestado preventivamente desde 2022, investigado por el delito de ganancias ilícitas.

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