Según el comunicado de esa organización independiente, una bebé de apenas un año y ocho meses de edad que se encontraba en un albergue en la localidad de Pueblo Nuevo falleció como consecuencia de las gases pimienta lanzados por la Policía Nacional durante acciones represivas de las manifestaciones. versión que niega el Gobierno.
El presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS, Domingo Barrios, afirmó que como organización que trabaja desde hace décadas por la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la seguridad y la dignidad de niñas, niños y adolescentes, especialmente en condiciones de vulnerabilidad como actualmente sucede en las comunidades indígenas”.
Añadió que el “uso desmedido e irresponsable de la fuerza”, ha dado como resultado en la muerte de una bebé, violando así los derechos fundamentales “a la vida, a vivir en un entorno seguro y a la protección que el Estado debe garantizar”.
Barrios advirtió que no permitirá que la muerte de la bebé quede impune y presentará las denuncias correspondientes.
“Exigimos una investigación inmediata, justicia y medidas concretas para evitar que actos como este se repitan”, remarcó.
También indicó que la denuncia no solo se quedará en ámbito local, sino también se llevará a la comunidad internacional en el marco de la Convención Internacional de Aldeas Infantiles SOS, que reúne a representantes de más de 145 países y expondrán la grave situación que enfrenta actualmente la niñez panameña.
Al respecto, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo que en esa demarcación no ha habido confrontaciones y menos una denuncia al respecto.
La víspera, el Consejo de Gabinete aprobó prorrogar el estado de urgencia decretado el pasado 20 de junio hasta el próximo domingo por otros cinco días, el cual permite la restricción de varias garantías constitucionales.
La resolución gubernamental también restableció los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de sitio, antes también suspendido, acción criticada por abogados y expertos por violar tratados internacionales y la propia carta magna.
Entre las restricciones que se mantienen está la suspensión de los servicios de internet y telefonía móvil en Bocas del Toro, lo que para varias agrupaciones como el sindicato de periodistas de Panamá es violatorio de tratados internacionales.
El conflicto social en Bocas del Toro se mantiene activo desde finales de abril, impulsado por protestas contra las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, bloqueos de vías, huelgas y enfrentamientos que han afectado severamente al turismo, la economía y los servicios esenciales en la región.
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